El sindicato docente STEC-IC, mayoritario en el Archipiélago, asiste con "mucha preocupación" al inicio del curso escolar. Los indicadores hechos públicos recientemente por el Ministerio de Educación revelan, a su juicio, que "la salud de la educación pública en Canarias está muy deteriorada". Hay un dato, el del elevado número de alumnos por profesor, que inquieta de forma especial a la organización, que insiste a la Consejería sobre la necesidad de ampliar unas plantillas cuya mengua en los últimos seis años cifra en 2.000 efectivos.
"La contratación de 150 docentes más que el curso pasado, anunciada por el director general de Personal de la Consejería, es muy insuficiente", afirmó Gerardo Rodríguez, uno de los portavoces del STEC. La reducción de profesorado que se ha producido en los últimos años -unida a un incremento del alumnado que ahora se ha atemperado- ha provocado que las aulas estén "a tope".
Aunque el número de alumnos por docente se sitúa, según los datos del Ministerio, en 13,4, el representante del sindicato alerta de que hay grupos con 30 e incluso más estudiantes, "muy por encima de lo que se recomienda". En este sentido, Rodríguez sostuvo que el profesorado de algunos centros se ha quejado por esta situación.
Además, los profesores han asumido en los últimos cursos una mayor carga horaria lectiva, de tal modo que "lo que antes era una excepción (la superación de 20 horas de clase semanales) ahora se ha convertido en la norma".
La contratación de más trabajadores debe ir pareja, expuso Gerardo Rodríguez, a un mayor "reconocimiento social a la labor del profesorado", traducido en "un aumento de sus emolumentos". El portavoz del STEC recordó que las retribuciones del colectivo llevan cinco años congeladas, a lo que hay que sumar la eliminación de la paga extra de 2012.
Para que estas medidas puedan ser una realidad, la organización sindical considera necesario el desarrollo normativo de la Ley Canaria de Educación y "su aplicación en buena parte de los aspectos que prevé". Si no es así, advirtió Rodríguez, será difícil cumplir uno de los objetivos contemplados en la norma -la primera ley educativa de la que se ha dotado la Comunidad Autónoma-, el progresivo incremento de la inversión en esta materia hasta alcanzar el 5% del producto interior bruto (PIB).
La implantación "efectiva" de otra ley -la Lomce, de ámbito nacional, impulsada por el Partido Popular con el rechazo de la mayoría de la comunidad educativa y de las organizaciones políticas- hace que "no haya que descartar movilizaciones en los próximos meses", apuntó Gerardo Rodríguez.