La concejala de Viviendas Municipales, Ángela Mena, avanzó ayer que hoy se firman las actas de obra de los bloques 3 de Miramar, los 10 y 11 de 25 de Julio (La Salud), el bloque 26 de Santa María del Mar y el edificio Jonay en Ofra. Los importes que aporta el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ascienden a 62.000 euros en el caso de Miramar, 66.000 en Santa María del Mar, 113.000 en 25 de Julio y 164.000 en Ofra, según especificó la edil.
En el marco de una comparecencia en la Comisión de Control, la concejala popular Ana Zurita quiso felicitar al grupo de gobierno por "haber tomado la iniciativa" de comenzar las obras, pero recordó que el Estado había adelantado dinero para las mismas y que Santa Cruz de Tenerife podía haber adelantado su inicio "como han hecho otros ayuntamientos".
Subrayó que faltaba presionar a Cabildo y Comunidad autónoma para que consignaran las partidas correspondientes en el presupuesto de 2015.
Mena aclaró, además, que la barriada de La Victoria sería la siguiente en firmar el acta, y que el consistorio iba a aportar la cifra de 11.000 euros por vivienda.
Las aportaciones a las áreas de rehabilitación integral (ARI) son del 40% por parte del Estado, el 30% de la comunidad autónoma, el 10% del Cabildo y el 10% de los particulares propietarios de las mismas.
La edil de Viviendas Municipales argumentó que el retraso en el inicio de estas obras se debía primero a que era "imposible adjudicarlas porque no había planeamiento", en referencia al Plan General de Ordenación (PGO). Asimismo, aclaró que para acogerse a los ARI, las comunidades de viviendas deben adoptar un acuerdo en la Junta de Propietarios.
Mena recordó que la Junta de Gobierno acordó en junio anticipar el presupuesto suficiente para ejecutar las adjudicaciones de redacción de proyectos. "Hemos estado trabajando en silencio en iniciar las obras", dijo.
Una vez que se firme el acta, el inicio de las obras será cuestión de días para los preocupados vecinos que ya habían aportado la parte que les correspondía para rehabilitar las fachadas de sus viviendas.
204.000 euros al año en flores de temporada
Dámaso Arteaga, concejal de Servicios Públicos, defendió ayer el contrato para flores de temporada, que cuesta a las arcas municipales 204.000 euros al año. Recordó que este equipo de gobierno logró reducir la cifra a "menos de la mitad", ya que en otros mandatos la cifra ascendía a 514.000 euros al año.
Con estos 204.000 euros se adorna el 10% de la superficie verde del municipio, que asciende a más de 1.270.000 metros cuadrados, detalló.
El concejal de Sí se Puede, Pedro Fernández Arcila, criticó que se ofreciera el contrato a una empresa privada en vez de utilizar el vivero municipal, a lo que Arteaga contestó que realizar esa labor requeriría una elevada inversión en personal. "Dedican una cantidad enorme al suministro de material vegetal", opinó Arcila.
El edil de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou, recordó a Arteaga que era responsabilidad del gobierno también exigirle "al tranvía lo que es de su competencia". Guigou consideró que hay partes de Santa Cruz que están hechas "una mierda" y añadió que puede aportar fotos que lo demuestran.
Auditoria e intervención
El concejal de Servicios Públicos defendió ayer la intervención en la empresa mixta Emmasa y criticó que la oposición haya realizado "una lectura simplona" de la auditoría. Mencionó que la auditoría cifra el porcentaje de ejecución de las inversiones exigibles de Sacyr en "un 65,57%". Asimismo, informó de que el 19 de agosto Sacyr había presentado un escrito de alegaciones de "87 folios", que estaban estudiando los servicios jurídicos y que, sobre noviembre, cuando tuvieran el dictamen del Consultivo, iniciarían el proceso.
Más pérdidas
El edil Pedro Fernández Arcila afirmó que las pérdidas de siete millones recogidas en la Auditoría no se corresponden con los 15 millones que esgrimía la propia Sacyr cuando solicitaba que se subiera el precio del agua. También pidió que pudieran reunirse todos los partidos con los auditores.
Desahucio sin alternativa
La concejal delegada del IMAS no quiso pronunciarse ayer sobre el caso de un vecino de Santa Cruz de Tenerife con el 67% de discapacidad y que está pendiente de un desahucio. El concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou, señaló que este ciudadano era un peligro para sí mismo y también para la sociedad y que el consistorio sería responsable si se quedaba en la calle. Alicia Álvarez dijo proteger la intimidad del discapacitado.
800.000 euros en el plan estratégico
Pedro Fernández Arcila preguntó por cuándo estaría terminado el plan estratégico de la ciudad y se quejó de que se hubieran gastado más de 800.000 euros desde 2005. Preguntó, asimismo, si los planes estratégicos se habían adjudicado "a dedo". Tino Guzmán le aseguró que el plan se presentará antes de fin de año.