La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias modificó ayer el listado oficial de inspectores para los 93 centros públicos de La Palma (entre unitarias, colegios "mayores" e institutos), incorporando a dos nuevos profesionales en plazas que desde el pasado día 3 de septiembre estaban ocupadas irregularmente por la única trabajadora con destino en la Isla, tal y como informó EL DÍA en su edición del pasado sábado.

Hasta la semana pasada, los tres números (601, 602 y 603) con los que la Consejería identifica en su web oficial a sus inspectores en La Palma estaban asignados a María Teresa Brito. Sin embargo, desde ayer ya aparecen dos nuevos profesionales que vendrán para cubrir el servicio. Uno de ellos, José Francisco Leal Simón, era hasta la semana pasada inspector central, es decir, un alto cargo dentro de Inspección educativa regional, dependiente directamente del consejero del área, José Miguel Pérez, mientras que el otro trabajador que se incorpora a la Isla, Ricardo Castaño Pestana, tiene menos experiencia, más bien escasa o nula, en su nueva labor.

Queda por saber las razones que llevaron a la Consejería a cubrir de forma supuestamente irregular dos de las tres plazas de inspectores durante más de dos semanas, justo hasta que esta redacción sacó a la luz las carencias del servicio, retrasando la incorporación de profesionales pese a tener solicitudes de trabajadores con mérito y capacidad para los puestos vacantes.

La representante de los padres de alumnos de los colegios públicos de La Palma, Natalia García, se mostró satisfecha por la medida tomada por Educación, ya que "lo que queríamos es contar con inspectores suficientes para todos los centros, lo que se ha logrado", aunque advierte de que "nos gustaría saber por qué se han retrasado los nombramientos y si todo ha sido dentro de la legalidad".