El Cabildo de La Palma ha mostrado su apoyo a la regulación del alquiler vacacional, es decir, aquellas viviendas que se alquilan con fines turísticos por una corta temporada y que no constituyen cambio de residencia del turista.
En la Isla hay más de 4.500 camas afectadas, sin regulación, es decir, ilegales, y que se exponen a importantes sanciones al no poder tramitar la correspondiente alta como alojamientos turísticos.
La institución insular apoya a este colectivo, tras una reunión mantenida ayer, en la solicitud presentada ante el Gobierno de Canarias para que regule las viviendas vacacionales en el Archipiélago, sin que ello suponga renunciar al trámite de legalización de las camas irregulares de la Isla, a través de la modificación del Decreto específico para La Palma, La Gomera y El Hierro.