La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Los Llanos de Aridane ha emitido un auto, comunicado a las partes esta misma semana, en el que centra las imputaciones por un presunto delito de prevaricación y ordenación del territorio en el caso Los Tarajales, edificio que se construyó en suelo público afectado por la Ley de Costas en el Puerto de Tazacorte, en el exalcalde y su grupo de gobierno, además del arquitecto municipal, decretando el sobreseimiento provisional respecto a los miembros de la Comisión de Ordenación del Territorio que facilitaron la construcción del inmueble con informes jurídicos contrarios a su decisión.

La jueza decidió mantener como imputados al exalcalde Ángel Pablo Rodríguez; al primer teniente de alcalde, Juan Miguel Rodríguez Acosta; y a Francisco Pérez Acosta, Roberto Pérez Lorenzo y José Martín Castillo, concejales de Unión Bagañeta que gobernaron Tazacorte cuando se produjeron los hechos objeto de investigación judicial. Además, el auto incluye también al arquitecto municipal, Rosendo Luis Brito.

Por el contrario, se "libran" de la causa una treintena de políticos y técnicos exmiembros de la Cotmac que estaban, ya no, imputados, como Miguel Ángel Pulido, Miguel Ángel Morcuende, Alberto Génova, Emilio Alsina, Tomás Van de Valle de Sotomayor, Clemente Álvarez Fernández, Francisco Montesdeoca... La jueza entiende en este caso que "no existen elementos objetivos bastantes que permitan concluir que hubieran actuado movidos por intereses ajenos al ejercicio de la función pública que tenían encomendada, que les hubiera llevado a dictar a sabiendas decisiones arbitrarias".

En el auto se refleja que pese a que los exmiembros de la Cotmac, "si bien declararon no recordar cuáles fueron los motivos que les llevaron a la adopción del acuerdo (beneficiando la construcción del edificio) apartándose del criterio técnico jurídico de los expertos designados", no se ha podido acreditar "que actuaran a sabiendas de la arbitrariedad de la clasificación del suelo (Los Tarajales) finalmente aprobada".

También se "caen" de la causa el promotor del edificio, el arquitecto externo que ayudó al ayuntamiento y al intermediario en la compraventa del suelo. La jueza dio tres días a las partes, plazo que finalizó el pasado viernes, para que presentaran el recurso que en su caso estimaran oportuno.

El presente auto es el paso previo para que la jueza ponga fecha a la celebración del juicio por Los Tarajales, donde no se determinará si el edificio está o no en suelo urbano, ya que esa situación ya fue juzgada por el Tribunal Supremo, que determinó su ilegalidad. En este caso, lo que se investiga es la responsabilidad a la hora de facilitar las autorizaciones para que el inmueble se ejecutara.