El plazo para que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la suspensión de la convocatoria de la consulta soberanista catalana ascenderá a un mínimo de varias semanas, durante las cuales deben ser consultadas las partes y buscado un consenso sobre los fundamentos jurídicos del fallo.

Fuentes jurídicas han explicado que existen algunos plazos procesales mínimos que limitan la urgencia con la que el alto tribunal puede resolver sobre las medidas provisionales, el primero de los cuales es dar traslado a las partes personadas en el procedimiento para que argumenten, un trámite que habitualmente se extiende durante cinco días.

A ello se suma el hecho de que la resolución no será una mera providencia, sino un auto sobre un tema complejo que deberá estar muy bien fundamentado y contar con un cierto consenso dentro del Constitucional.

Fuentes del alto tribunal estiman que varias semanas o incluso casi un mes podría ser el plazo mínimo más probable para todo este proceso.

Las fuentes citadas ven muy improbable que el TC levante las medidas cautelares, aunque también señalan que la excepcionalidad del caso hace muy difícil cualquier conjetura.

Las normas recurridas son dos, la ley de consultas y el Decreto que convoca la del 9 de noviembre. Los dos recursos han sido admitidos a trámite por providencias que han suspendido provisionalmente ambas normas y la Generalitat y el Parlament han presentado alegaciones para que se levanten dichas suspensiones.

Es sobre esas suspensiones provisionales sobre las que se impone un plazo de varias semanas, ya que las sentencias sobre el fondo de los dos asuntos seguirán otros tiempos.

El tribunal podría tramitar las suspensiones provisionales del decreto y de la ley por separado, lo que podría simplificar el procedimiento, porque en el primero de los dos procesos solo están personados el abogado del Estado y la Generalitat. Las partes personadas en el recurso contra la ley son, además, el Parlament, el Congreso y el Senado.

En todo caso, los cinco días de plazo de los que dispondrán las partes para hacer sus alegaciones hacen ya muy difícil -pero no imposible- que la decisión sobre si levantar o no la suspensión cautelar de la convocatoria sea estudiada en el próximo pleno del Constitucional, que comenzará el próximo martes y se extenderá hasta el jueves.

Además, una vez visto el posible levantamiento de la suspensión por el pleno, el auto en el que se dará respuesta al asunto deberá ser adoptado en base a los argumentos de la mayoría, pero buscando el mayor consenso posible.