La criminalidad en el Archipiélago se redujo en apenas un 1 por ciento en 2013 respecto al año anterior, por lo que se mantiene una tendencia a la estabilidad. Los Juzgados de Instrucción de Canarias incoaron 213.693 diligencias previas en el pasado ejercicio, frente a los 215.871 del 2012. El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido García, presentó ayer la Memoria de dicho organismo con la intención de ofrecer datos estadísticos, pero también de buscar soluciones que mejoren la eficiencia de dicha institución.

Los hurtos, las lesiones y los robos con fuerza, en viviendas o sedes de empresa, continúan en los puestos más altos en número de procedimientos en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el pasado año hubieron 18.810 casos de hurtos, lo que supone un descenso del 2,70 por ciento frente a 2012. Y los robos con fuerza llegaron a los 14.284 en 2013, por lo que bajaron un 1,14 por ciento respecto a los cometidos en 2012.

Los atracos con armas de fuego reales o simuladas; asaltos con armas blancas y tirones llegaron en 2013 a 2.495, un 1,10 % menos que en 2012. Las estafas pasaron de 4.125 a 3.785 el pasado año.

Las diligencias previas incoadas por homicidios, consumados y en grado de tentativa, sumaron 35 casos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife; dos menos que en 2012.

Y los asesinatos en las islas occidentales pasaron de media docena en 2012 a un único caso el año pasado. A nivel autonómico, las muertes violentas se mantuvieron estables, con una ligera tendencia al descenso.

Los delitos contra la administración pública arrojan ciertas sorpresas, ya que, aunque no son muchos los casos, sí se aprecia un incremento porcentual considerable en dos infracciones penales.

Los delitos de prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de que es injusta) pasaron de 12 hace dos años a 26 en el pasado ejercicio, por lo que se registró un crecimiento del 116 por ciento. En cuanto a los asuntos por malversación de fondos públicos, el aumento durante el 2013 llegó a un 500 por ciento, puesto que se pasó de dos casos en el año anterior a 12 en el ejercicio en que se centra la referida Memoria. Las fiscalías incoaron un total de 1.030 diligencias de investigación penal tendentes a averiguar la existencia o no de indicios racionales de criminalidad respecto a los hechos que le fueron puestos directamente en su conocimiento en las diferentes islas. Unas 421 diligencias fueron remitidas a un Juzgado de Instrucción y 528 fueron archivadas. El origen de esas investigaciones fueron los escritos presentados por particulares, asociaciones o colectivos, organismos oficiales e instituciones públicas y privadas.

La Fiscalía busca soltar lastre y ser eficiente

En la memoria de la Fiscalía Superior de Canarias se plantea que, además de los datos, hay que buscar soluciones urgentes que permitan a esta institución "soltar lastre" y ser "más eficiente" ante las necesidades de ciudadanos, empresas o administraciones públicas, por ejemplo. El documento ofrecido ayer a los medios de comunicación advierte de que, con el actual sistema, únicamente se celebra un número de juicios y se dicta sentencias por delitos que suponen el 2,58 por ciento del volumen total de los asuntos gestionados por el personal que trabaja en el Ministerio Fiscal. En el informe conocido ayer se sugiere que, ante dicho porcentaje demoledor, "el sistema debe ser objeto de una profunda revisión", para evitar dedicar tiempo y esfuerzos en tareas que resultan estériles. Por parte de la Fiscalía se propone que las denuncias o atestados que no ofrezcan datos sobre autor conocido no deberían acceder a la "maquinaria judicial", sino que tendrían que obrar en poder de las fuerzas de seguridad, con el debido control judicial, hasta que no se conozcan datos que permitan abrir un proceso judicial con perspectivas de que pueda ser resuelto. Además, la Fiscalía Superior tampoco cree que deban abrirse procedimientos judiciales para determinar qué órgano es el competente para abordar un asunto, con lo que se "reduciría notablemente una carga de trabajo" que "nace muerta" desde su incoación.

Otra de las propuestas formuladas desde la Fiscalía para "soltar lastre" consiste en que los juicios de faltas se recondujeran por la vía civil o administrativa que corresponda. Por parte de los responsables actuales de la Fiscalía Superior de Canarias, "todo ello permitiría reducir sensiblemente una carga de trabajo que impide dedicar nuestros mejores esfuerzos a perseguir" aquellos "delitos que de verdad lo requieren". También se estima oportuno un reforzamiento de los juicios rápidos. Para el citado organismo, la modernización del trabajo cotidiano debe buscar la reducción de burocracia, aunque con otras palabras.

Jurisdicción de menores: "Muchos golpes"

La Jurisdicción de Menores de Santa Cruz de Tenerife ofrece datos de unos 250 delitos en los que los adolescentes emplean la violencia para resolver sus problemas. Así, se detectaron unas 147 infracciones penales por lesiones a personas que no son su pareja ni su familia. En las islas occidentales, se registraron otros 103 delitos por violencia doméstica (agresiones a padres, madres o hermanos), o bien de género (a sus parejas).

Los adolescentes y los diversos tipos de robos

La Fiscalía provincial de Menores de Santa Cruz de Tenerife pudo incoar diligencias a adolescentes por 137 robos con fuerza; 57 robos con violencia e intimidación (tirones o asaltos); a los que hay que añadir otros 104 casos de hurtos. En cuanto a sustracciones de menor entidad (menos de 400 euros), hubo 222 casos protagonizados por menores de edad. Además, se les atribuyen seis agresiones sexuales, 31 abusos sexuales, 62 casos de daños materiales o 21 delitos por tráfico de drogas a pequeña escala. En total, se dictaron 591 sentencias que condenaron a adolescentes.

La protección de los menores

Los fiscales de Menores en la provincia de Santa Cruz de Tenerife promovieron 345 expedientes de protección a menores en situación de riesgo, así como otros 129 documentos para otorgar la tutela automática. Dicho organismo intervino en 77 adopciones. Además, el citado departamento de la Audiencia Provincial realizó unas 32 visitas a centros de protección de menores.

Las lesiones, otro delito "estrella" en la provincia

La Fiscalía incoó en 2013 17.983 diligencias previas relacionadas con lesiones (golpes y agresiones). Los casos de lesiones por imprudencia ascendieron a 3.471, mientras que las relacionadas con violencia doméstica (entre familiares) y de género sumaron unas 2.443, según los datos divulgados.

Unos 8 secuetros y 31 detenciones ilegales

El Ministerio Fiscal tramitó diligencias por 31 casos de detención ilegal (impedir a una persona salir de un lugar durante un tiempo determinado) y unos ocho casos de secuestro con condiciones. Además, las amenazas (de muerte) que llegaron a Fiscalía sumaron 2.501 diligencias previas y las coacciones ascendieron a unas 579 durante el año pasado. Y hubo tres casos de tortura.