Los países de la Unión Europea acordaron hoy la liberalización parcial de los servicios portuarios, una decisión que no afecta a la manipulación de la carga, es decir, al sector de los estibadores, ni a los servicios de pasajeros, ni a los puertos de las Islas Canarias.

El acuerdo político cerrado hoy por los ministros europeos en el Consejo de Transportes de la UE es la primera normativa a nivel europeo dirigida a abrir estos servicios, pero excluirá el acceso de mercado al sector de la manipulación de la carga y al de pasajeros.

De este modo, los países eluden abrir un conflicto con los estibadores, un gremio que mantiene una gran fortaleza colectiva, indicaron fuentes europeas, aunque la tibieza de las medidas no satisface a todos los socios.

"Se avanza, pero nosotros hemos dicho que tenemos que seguir avanzando. Estamos en primera lectura y es mucho todavía el camino que nos queda por resolver", recalcó la ministra española de Fomento, Ana Pastor, en declaraciones a Efe.

"En los puertos españoles se ha hecho un esfuerzo muy importante, son muy competitivos y van a cerrar este ejercicio con unas cifras récord de transporte, y tenemos que seguir trabajando también para que haya unas reglas comunes" en la UE, dijo Pastor.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Transporte, Siim Kallas, dijo que no puede afirmar estar "descontento" dado que el consenso es un avance, pero señaló que le hubiera gustado ir más allá en la liberalización.

La propuesta también plantea la liberalización de los servicios de practicaje de los puertos -es decir, aquellos que se encargan de introducir los barcos en los puertos para anclarlos- y los de dragado, aunque deja en manos de los Estados miembros decidir si finalmente lo hacen o no.

La liberalización sí afectará de pleno a otros servicios generales, como el remolque, la provisión de combustible o el tratamiento de residuos.

Los países pactaron que este primer reglamento se aplique en principio a todos los puertos marítimos de la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T), salvo aquellos situados en las regiones de ultramar como Canarias o Madeira (Portugal).

De este modo, las medidas se aplicarán a todos los puertos que forman parte de la red "básica" transeuropea, es decir, los de gran tamaño, pero deja la puerta abierta a que los países decidan excluir a los medianos y pequeños.

Países como Francia, Reino Unido y Alemania defendieron dejar en manos de los Estados la decisión de si se aplica o no la liberalización a aquellos puertos menores que forman parte de la más amplia red global TEN-T, al considerar que supondrá una gran carga administrativa.

España apoyó el texto consensuado -al que se opusieron Holanda y Finlandia-, aunque expresó su desacuerdo con la exclusión de la estiba y los pasajeros de la liberalización.

La propuesta pactada hoy también incluye normas para reforzar la transparencia financiera de los puertos que reciben fondos públicos y respecto a los cargos de los servicios y de la infraestructura portuaria, a la que sí estarán sujetos todos los servicios, aunque bajo ciertos matices.

Una vez establecida la posición de los Veintiocho, el Parlamento tendrá que fijar su propia postura para que comiencen las negociaciones entre las instituciones europeas, con el objetivo de lograr un consenso final.