Una mujer de 52 años ha retornado a la calle porque el Gobierno regional no le ha renovado aún la prestación canaria de inserción (PCI), que dejó de percibir hace tres meses. La señora en cuestión ya había estado en situación de exclusión social durante tres años, después de haber sufrido episodios de violencia de género, unido al desempleo y la falta de la red de apoyo social y familiar.
Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona se gestiona la PCI , que tarda 10 meses en recibir. Con los 472 euros que cobraba, la mujer alquila una habitación en un piso compartido.
Durante un año permanece en esa situación, procediendo el área social del Consistorio aronero a remitir el informe preceptivo favorable a la renovación de la Prestación por un periodo de medio año más. Sin embargo, el Gobierno canario se quedó sin dinero en la partida para la PCI en mayo.
La consecuencia es que esta mujer no percibe ni un céntimo desde el pasado mes de junio, "teniendo reconocido por la Consejería de Políticas Sociales que se encuentra en situación de exclusión social y que procede la renovación de la prestación".
La falta de recursos económicos le impide pagar el alquiler de la habitación. Por tanto, "ha tenido que volver a la calle". Desde el área social de Arona se indica que con ello "no solo se ha venido abajo el trabajo de integración realizado con la señora desde el departamento de trabajo social, sino que el golpe de regresar a la calle es de tal magnitud que le ha hecho perder la confianza en su recuperación y ha agravado la sintomatología ansioso-depresiva que tenía controlada".
"Aún no está su expediente en las listas que nos envían para que tramitemos su renovación; así que lo siento, quizá para la nómina de diciembre". Es la respuesta que obtuvo ayer el Ayuntamiento de Arona por parte de los técnicos de la Consejería de Políticas Sociales a la consulta realizada sobre la previsión de pago a esta mujer.
"El ayuntamiento no puede hacer frente a todas las situaciones que se están produciendo", señalaron.
Unos 60 casos en Arona
La Comisión Especializada de Trabajo Social, Exclusión y Prestación Canaria de Inserción (PCI) muestra su preocupación por este caso y otros muchos, entre los que se encuentran unos 60 en el municipio aronero. De ellos, 30 no están percibiendo ingresos económicos. "Con esta realidad que se repite desde 2007 y que los profesionales del Trabajo Social estamos cansados de denunciar, podemos afirmar que la PCI no es un recurso que sirva para la integración social, es un parche asistencialista de carácter económico que da pescado durante un tiempo pero que jamás enseñará a pescar", por lo que reclaman una revisión profunda de esta ley y dinero.