La familia que decidió por extrema necesidad ocupar de forma ilegal una vivienda en el barrio de Mirca, en Santa Cruz de La Palma, aún no ha aceptado los 6.000 euros que fueron donados por empresarios y particulares de la Isla para costear los gastos de alquiler, más luz y agua, de un piso durante al menos un año, optando por ahora por mantenerse en la casa en la que residen a la espera de poder lograr un alojamiento de protección social.

A propósito, la organización humanitaria Cáritas, que asumió el compromiso de abrir una cuenta bancaria para gestionar el pago del alquiler con los fondos donados, continuaba ayer a la espera de que la pareja afectada, con dos menores a su cargo, buscara una vivienda adaptada a sus necesidades, con el objeto de mediar con el arrendatario a la hora de firmar el contrato de los inquilinos.

EL DÍA se puso en contacto con la familia. Carmen Plata, la madre de los menores, reconoció que "todavía no hemos aceptado el dinero donado. No sabemos qué hacer...". Estaba nerviosa, afectada, y prefirió no hacer más valoraciones hasta tener clara su situación.

La pareja tiene miedo al futuro. Al suyo y, sobre todo, al de sus hijos. Como otras muchas en su misma situación... o similar. Si aceptan la donación y toman la decisión de abandonar la vivienda que ahora ocupan, no saben qué ocurrirá cuando se acaben los 6.000 euros. Ahora, al menos, tienen un "techo", un lugar donde vivir, el apoyo incondicional de sus vecinos y un sueldo mensual, después de que el ayuntamiento contratara durante seis meses en el servicio de limpieza al padre de la familia.

Sin embargo, la decisión de seguir de okupas no es sencilla. También genera incertidumbre. La vivienda de Mirca en la que entraron debe ser derruida, después del acuerdo de reposición firmado por el ayuntamiento de la capital con el Gobierno de España. El Pleno municipal acordó incluso solicitar al juez autorización para desalojar a la familia, lo que tampoco es sencillo mientras vivan menores en su interior.

Los afectados ya han trasladado sus dudas sobre qué hacer a los responsables municipales, a los que se les presenta un conflicto de difícil resolución.

Lo más curioso de todo, por denominarlo de alguna manera, es que un número elevado de viviendas de protección oficial, propiedad del Instituto Canario de la Vivienda, están cerradas en diferentes promociones de Santa Cruz de La Palma, sin que nadie las utilice, mientras que decenas de familias, no solo la que entró en Mirca, esperan por un hogar.