El Ministerio de Educación no solo ha suprimido todos los programas de cooperación territorial con las comunidades autónomas, sino que tampoco ha entregado los fondos pendientes para algunos de ellos. Es el caso de las ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico, cuya última anualidad, algo más de 1,3 millones correspondientes a 2013, sigue sin llegar a Canarias.
Como en otras medidas que antes financiaban conjuntamente el Ministerio y la Comunidad Autónoma, el programa de libros de texto ha sido asumido en solitario por el Gobierno regional. Así lo recordó ayer en la Comisión de Educación del Parlamento canario el consejero del área, José Miguel Pérez, quien recordó que la nueva ley orgánica de educación (Lomce) "mantiene la previsión legal de los programas de cooperación territorial", por lo que, a su juicio, el Ministerio debería continuar respaldándolos. "La normativa está en vigor", incidió Pérez.
El consejero, que compareció a petición del grupo nacionalista canario, destacó los resultados obtenidos con los programas ahora eliminados. Como ejemplo se refirió a la evaluación de los dirigidos a combatir el abandono escolar temprano realizada por el Instituto Valenciano de Estudios Económicos (IVIE) por encargo del Ministerio de Educación. Según este análisis, alrededor de dos puntos de descenso en este indicador son atribuibles al programa desarrollado en colaboración con las comunidades autónomas, un efecto que fue mayor -hasta de cuatro puntos- en las regiones que más recursos destinaron.
No es de la misma opinión el grupo popular, que negó incluso que se haya producido mejora en los datos. "Todas las cifras de abandono y de repetidores han ido en aumento", aseveró Maribel Oñate. A juicio de la diputada de la oposición, los programas de cooperación "fueron en su momento una idea original y con buenas intenciones, pero con la evaluación se ha visto que no era lo que había que hacer".
Oñate opina que las actuaciones y objetivos previstos en la Lomce son "mucho mejores que unos programas que ni siquiera llegaban a todos los alumnos, sino solo a los privilegiados a los que les tocaba". "Eso no era justo ni equitativo", sentenció.
Los populares animaron a Pérez a dejar de lamentarse por la cancelación de los programas y a elevar las partidas para educación en las cuentas autonómicas. "Con un aumento del 1% en el presupuesto de la Consejería tendrían 63 millones de euros más para estos programas", expuso Maribel Oñate, quien recordó que la Ley Canaria de Educación contempla que estas políticas alcancen en 2018 al menos un 5% del PIB de la región.
"No sé quién ha evaluado esos programas, pero el Ministerio no ha sido", replicó el consejero. Pérez rebatió las acusaciones del PP sobre la escasa implantación de estas medidas y, como ejemplo, citó los 472 centros beneficiados por los programas de nuevas tecnologías y los 102 que acogieron programas de refuerzo.