Un informe aprecia culpabilidad local e insular en la riada de 2010

El informe pericial encargado por el juzgado de instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife en las diligencias previas por la riada de Tabaiba Baja del 1 de febrero de 2010, que ocasionó cuantiosos daños materiales en dos edificios y el desalojo de 32 familias, concluye que hubo responsabilidad del ayuntamiento y del Cabildo por no haber preparado un adecuado alcantarillado ni hacer el mantenimiento debido de los puntos clave de drenaje. El análisis lo firma el perito Pablo Oramas García-Machiñena, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Consta de 205 páginas y se difundió el 22 de septiembre durante la comparecencia ante la jueza María Henar Torres del único imputado hasta ahora en esa causa, el gerente del Consejo Insular de Aguas (CIAT), José Fernández Bethencouurt.

En sus conclusiones finales, el documento indica que el caudal de agua que llegó a esta parte del litoral de El Rosario fue de 16,33 metros cúbicos por segundo y que, por las inadecuadas infraestructuras, se produjeron los daños.

Entre esas carencias o inadecuación del núcleo para una riada así, el experto destaca la "inexistencia o existencia defectuosa de la red de alcantarillado de Tabaiba Alta, Media y Baja, que (...) produjo una aportación no encauzada de agua de 3,92 metros cúbicos por segundo que discurrió por los viales de Tabaiba Baja hasta su desembocadura". Afirma que "dichas deficiencias son imputables al ayuntamiento por las competencias en esta materia a su cargo prescritas (...)".

Ese caudal "debió desaguar por el cauce del barranco de Reguero, pero, al estar completamente anegado y eliminado en varios tramos, el agua evacuó en escorrentía por los viales de Tabaiba Alta, Media y, fundamentalmente, Baja".

El informe también constata que la "obturación de la obra de drenaje transversal número 41 izquierda" que pasa por debajo de la autopista resultó clave, ya que "la mayor parte del agua que inundó Tabaiba proviene de este punto", justamente de la cuenca sin nombre número 3, que corresponde al polígono industrial La Campana. Eso sí, el perito subraya que lo ocurrido no se debió a la autopista, principal argumento del gobierno local en su defensa desde que se produjeron los hechos. Desmonta esa tesis y dice que el drenaje de la TF-1 "estaba perfectamente calculado para evacuar el agua" desde su plataforma "para un periodo de retorno de 25 años, tal y como prescribe la Instrucción de Carreteras, y no para los periodos de 100 años del 1 de febrero de 2010". Ahonda en esto al afirmar que el drenaje de la autopista "no está diseñado para evacuar caudales que no provienen de su propia plataforma", tal y como pasó ese día, "ya que el agua provenía" de La Campana.

En esta zona, el punto de desagüe se sitúa en la parte baja, pero dos tubos de 800 milímetros "se encontraban prácticamente aterrados, por lo que no pudieron drenar el caudal". El perito dice que esto debe imputarse al CIAT porque le compete el mantenimiento de los puntos de drenaje. Según sus cálculos, apenas se drenaron 0,9 metros, cuando el total fue de 17,71, con lo que 16,81 siguieron hasta Tabaiba Baja.

La responsabilidad del Cabildo la aprecia también en el hecho de que el CIAT no informó desfavorablemente sobre ese punto en el proyecto original del tercer carril de la TF-1 ni tampoco en el siguiente, situado en el barranco del Chorrillo. En este segundo enclave, tampoco se pudo drenar casi nada del caudal que venía de arriba, pese a que la TF-1 estaba bien diseñada para soportar el agua de su plataforma. La obra de drenaje número 43 se encontraba ese día "totalmente cegada".

Recuerda que el Cabildo encargó a Viatrio Ingenieros un proyecto de mejora de la obra de drenaje transversal número 41 de la TF-1 (La Campana), terminado en agosto de 2008, "por lo que era plenamente consciente de lo vulnerable de este punto", tal y como se detalla en una memoria incluida en el informe.