El Ayuntamiento de Vilaflor concedió, el 17 de enero de 2006, licencia de obra a la constructora Promociones Tenarona, S.L. para construir 76 chalés pareados en el Camino Real, en La Escalona. El 20 de mayo de 2008, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife anuló la licencia por vulnerar la altura máxima permitida y porque parte de la parcela es suelo rústico potencialmente productivo.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a través de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ratificó dicha sentencia el 13 de julio de 2009. El 2 de noviembre de 2010, el juez ordena al Ayuntamiento de Vilaflor la ejecución de la misma, reiterando esta diligencia hace año y medio. A pesar de ello, las 27 viviendas construidas de las 76 autorizadas siguen en pie, aunque en estado de deterioro.
Como consecuencia de la decisión judicial señalada, la constructora procedió a demandar a la Corporación municipal chasnera por daños y perjuicios, solicitando el abono de unos 14 millones de euros, cifra en la que cuantificó las pérdidas producidas por la ilegalidad de la licencia de obras otorgada por el gobierno local.
El TSJC determinó que ha lugar al pago de una indemnización, pero no especificó la cantidad de la misma sino que su cuantía la dejó pendiente del peritaje correspondiente.
En la actualidad, la situación es que aún no se ha redactado el proyecto de ejecución forzosa del derribo parcial de las 27 viviendas ya construidas (la parte que excede en altura y la que se encuentra en suelo rústico potencialmente productivo), no habiéndose peritado aún la indemnización que le correspondería a la empresa constructora.
Cabe recordar que el juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 ya señalaba en la primera de las sentencias (20 de mayo de 2008) la existencia de "informes preceptivos de carácter técnico y jurídico desfavorables a la concesión de la licencia". Asimismo, señala a que el hecho de que tales informes no fueran revocados por el regidor "pudiera determinar, en su caso, la responsabilidad del citado alcalde". Su señoría, asimismo, expuso que "no alcanza a entenderse cómo se concede la licencia sin tan siquiera motivar en la resolución recurrida las razones determinantes del no acogimiento de las citadas objeciones (los informes técnicos y jurídicos)".
Las 27 viviendas construidas ocupan un 43% siendo el máximo permitido del 25%. El suelo rústico potencialmente productivo en el que están emplazadas parte de los chalés pareados no disponen de la preceptiva calificación territorial, según aclaró el juez en su sentencia.
Una iniciativa positiva
Manuel Fumero, alcalde de Vilaflor, siempre defendió que "lo único que hay ilegal en la zona son unos muros de cerramiento, que se han construido en suelo rústico, pero se hizo con el fin de ensanchar las calles, pasando de 8 a 12 metros, pero que con el Plan General quedarían como suelos urbanos". En esa línea, habló de que en un ámbito en donde no ha existido ningún tipo de ordenación "hemos conseguido que en vez de 200 casas a los dos lados de una calle, contemos con una urbanización de 76 viviendas en un municipio que tiene que crecer para sobrevivir". El Plan General podría ser aprobado este año.