El edil de Empleo, Seguridad, Transportes y Recursos Humanos del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y vicesecretario de Organización del PP portuense, Luis Miguel Rodríguez, volvió a declarar en la mañana de ayer en el Juzgado de Instrucción Número Dos del Puerto de la Cruz por gastar 9.634 euros con su teléfono móvil corporativo en el año 2011. La jueza debe decidir ahora si archiva o continúa el procedimiento para que se celebre el juicio, con jurado popular, en la Audiencia Provincial.

La defensa de Luis Miguel Rodríguez insistió ayer a EL DÍA en que este procedimiento contra el edil "se basa en especulaciones y sospechas, ya que no existe ninguna prueba de que el móvil se haya utilizado para ninguna cuestión ajena a las funciones del cargo de concejal". La defensa aportó ayer documentos que, a su juicio, justifican numerosas llamadas "realizadas por cuestiones vinculadas con el cargo. Ninguna de las personas citadas ante el juez ha declarado que las llamadas fueran privadas, como tampoco hay números de tarificación adicional ni conexiones extrañas".

"Además, existía un acuerdo plenario que limitaba el gasto telefónico por concejal, que no era una mera recomendación, lo que justifica que Rodríguez no se percatara del elevado consumo, ya que creía que estaba restringido. Tampoco le comunicaban el gasto ni tenía acceso a las facturas mensuales", aseguró el abogado.

El abogado de Izquierda Unida Canaria, José Pérez Ventura, declaró ayer, a la salida del juzgado, que los documentos aportados por la defensa de Rodríguez "no son relevantes" e insistió en que "el gasto telefónico de diciembre de 2010 a diciembre de 2011 fue desproporcionado e injustificado en relación a su función pública. Entendemos que hubo un uso privado y que hay indicios suficientes, que pueden constituir prueba, para que sea condenado". El Código Penal establece, en su artículo 433, penas de multa de 6 a 12 meses y suspensión de cargo público por tiempo de 6 meses a 3 años por el delito que se imputa al edil.

las claves

  • Este edil del PP portuense gastó en el año 2011 un total de 9.634 euros con su teléfono móvil corporativo. Tras la denuncia presentada por IUC, devolvió casi 6.000 euros "como gesto personal de buena fe y de responsabilidad política, pero sin que esto suponga el reconocimiento de ninguna irregularidad".
  • La defensa de Rodríguez sostiene que el gasto telefónico realizado fue fruto de su trabajo como edil y que no se ha demostrado que haya existido un mal uso del teléfono móvil corporativo.
  • El juicio con jurado popular por este caso se celebraría en la Audiencia Provincial de Santa Cruz en una fecha por determinar.