Sí se Puede (SSP) emitió ayer un comunicado en el que asegura que el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y exalcalde buenavistero, Aurelio Abreu (PSOE), declaró el pasado lunes en el Juzgado de Instrucción Número Dos de Icod de los Vinos que la redacción del proyecto de la residencia de discapacitados de Buenavista del Norte se adjudicó en 2006 al estudio de arquitectos Cuende y Gutiérrez S.L. “sin mediar concurso público”.
Abreu declaró ante la jueza en calidad de imputado por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Cuando aún era alcalde de Buenavista, adjudicó este trabajo por 180.000 euros al citado estudio de arquitectos, donde tenía un puesto destacado el exedil del PSOE en Santa Cruz de Tenerife Ramiro Cuende. Finalmente, la empresa solo cobró 162.000 euros provenientes de una subvención del Gobierno de Canarias, según desveló el actual alcalde, Antonio González Fortes (SSP).
Sí se Puede, que ejerce la acusación particular en estas diligencias previas, asegura que Abreu reconoció este lunes ante la jueza que lleva el caso que en el proceso de adjudicación de este proyecto “no se cumplieron los trámites establecidos legalmente”.
Otras fuentes de este partido aseguraron a EL DÍA que en la declaración se apuntó también la posible responsabilidad de dos exediles socialistas de Buenavista, concretamente el exalcalde Víctor Lorenzo y Carmen María Martín, y el secretario del ayuntamiento en la época.
SSP detalla que esta irregularidad en el proceso de contratación, y la imposibilidad de encontrar en el consistorio un proyecto técnico por el que se habían pagado 162.000 euros de dinero público, “llevó al alcalde de Buenavista, Antonio González Fortes, a denunciar lo sucedido ante la Fiscalía, lo que a la postre supuso la petición de imputación para Abreu, por parte de la misma Fiscalía”.
Para SSP es “un motivo de satisfacción que se haya producido la declaración de Abreu, suspendida en dos ocasiones anteriores”. A juicio del partido, “de este modo se podrán esclarecer unos hechos que han supuesto retrasos en una obra de vital importancia para las políticas sociales del municipio”.
En su comunicado, el partido ecosocialista insiste en que el exalcalde buenavistero y actual vicepresidente del Cabildo “reconoció ante la jueza que el expediente no se llevó a cabo de la manera en que debió hacerse, aunque no admitió su responsabilidad sobre este hecho en ningún momento”.
El comité local buenavistero de SSP muestra su disposición a colaborar con la justicia “para que se esclarezcan los hechos y responsabilidades en este asunto. Y muestra de ello fue la declaración en calidad de testigo del actual concejal de Bienestar Social, Esteban Lorenzo, que trasladó a las partes toda la información solicitada”.