Y empleo. Son dos conceptos que deberían ir unidos, más allá de lo que aparejaba a estas palabras el que fuera Instituto Canario para la cosa: Icfem.
Recientemente, tras más de quince años subjudice, se ha sustanciado el caso Icfem, por la Audiencia de Las Palmas, con la absolución de quienes estaban imputados por actuaciones irregulares en la contratación de los cursos. No sé yo si los altos cargos que tuvieron autoridad y, por tanto, responsabilidad en la administración de los ingentes recursos económicos puestos a disposición de la formación y el empleo realmente eran sólo personas que pasaban por allí.
El 5 de marzo de 1999 me refería, en esta columna, a "Irregularidades del Icfem". En tal ocasión, y ante la querella que había sido presentada al respecto, el Sr. consejero de la cosa decía de la misma: "No tiene fundamento y es un uso fraudulento de la Justicia". Y preguntaba yo: "¿Qué más pruebas le hace falta a la ciudadanía para atisbar una mala gestión cuando el propio consejero dice que no son quince mil millones de pesetas lo que está sin justificar, sino algo más de ocho mil millones en más de cuatro mil expedientes? ¿Cómo puede haber cuatro mil expedientes con irregularidades en una Consejería del Gobierno y afectando a cosa tan concreta?". Pues ya se ve que, al parecer, sí podía haberlos. Y más si hacía falta. El despilfarro, en nuestro país, es un asunto estructural. Acaso no fue, años después, que una ministra del Gobierno del PSOE dijese aquello de "el dinero público no es de nadie". Pues eso... a despilfarrar.
Desde aquel 5-03-1999 he tocado asuntos concernientes al Icfem y luego al SCE en cuarenta ocasiones. Pero es que ya en aquel artículo expresaba: "Me gustaría que el Sr. consejero ordenase hacer público un listado que contuviese: objeto de la subvención; cuantía de la subvención; razón social de la empresa u organismo receptor; responsables de la misma; capital social y fecha de constitución; domicilio social; características del curso formativo; número de alumnos inscritos en cada curso; aprovechamiento o capacitación adquirida; colocación laboral de los alumnos formados, en índice porcentual; características de la contratación en esa colocación (indefinida, temporal, en prácticas, etc., etc.)". Esto hubiera informado a la ciudadanía de la rentabilidad de los dineros puestos a aquel fin. Pues eso. Nada. Repetí la petición en otras ocasiones posteriores. Lo mismo. Nada. Una loa a la transparencia.
A lo largo de quince años, las quejas de los empleadores han sido las mismas: falta de formación en la mano de obra que precisaban. Y que aún precisan. Ahí está la contratación de extranjeros en el sector del turismo.