Soberanía: autoridad con la que se ejerce el poder. Con esta cita del diccionario de la Real Academia Española -ligeramente apócrifa: en realidad la RAE dice "autoridad suprema del poder público"-, el presidente del Gobierno de Canarias inició ayer en el pleno del Parlamento regional la defensa de su propuesta sobre soberanía compartida, tan polémica que ha despertado veladas críticas de sus correligionarios y la incomodidad de su socio de gobierno, el Partido Socialista (PSOE), que se ha desmarcado públicamente de ella.

Pero, según Paulino Rivero, no existen razones para la discrepancia, puesto que hay diversas formas de Estado en las que la soberanía "se reparte". Así ocurre en los modelos autonómico, confederal y federal, y es precisamente este último por el que, precisó, abogan los socialistas. "En la hoja de ruta del PSOE se encuentra el Estado federal asimétrico", dentro del cual Canarias figuraría como uno de los territorios cuyas "singularidades" habría que reconocer, dijo el jefe del Ejecutivo, satisfecho por una explicación que, aparentemente, confirma la "plena cohesión" de su gabinete.

Rivero respondía así a una pregunta planteada por la portavoz del grupo parlamentario popular, María Australia Navarro que, para destacar la "desautorización compartida" con la que, a su juicio, se ha topado la idea del presidente, no se ahorró el nombre de ninguno de quienes, entre las filas del partido o del gobierno, la han acogido con cierta reticencia o al menos la han interpretado como una opinión personal: Fernando Clavijo, José Miguel Barragán, Julio Cruz, José Miguel Ruano y Francisco Hernández Spínola.

Las arremetidas de la oposición no desanimaron a Rivero, quien a cuanta pregunta se le formulaba contestaba con sus propuestas sobre el encaje del Archipiélago en el Estado. Así, reafirmó la "clara apuesta" de Canarias por tener la soberanía de sus aeropuertos frente a la privatización parcial de AENA, y luego, en una intervención sobre el trato que dispensan a las Islas los presupuestos generales del Estado -"injustos, insolidarios, sectarios y provocadores", en su opinión, e incluso "perversos", en la de la diputada socialista Lola Padrón-, se mostró partidario de "avanzar".

"Hay que recolocar las piezas del Estado para evitar la dependencia de decisiones que se toman en la capital de España y hay que definir qué papel debe jugar Canarias en ese movimiento de fichas". En caso contrario, advirtió, "se habrán perdido cincuenta años".

El replanteamiento de la relación de la Comunidad Autónoma con el Estado ha cobrado fuerza desde que el conflicto por el proyecto de prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al Archipiélago se ha convertido en una guerra abierta entre ambas administraciones. En relación a este asunto -omnipresente en los plenos parlamentarios-, Manuel Fernández, diputado del PP, preguntó por el coste de la campaña publicitaria contra los sondeos.

Le respondió el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, aunque no a la primera -lo que no se estila en la Cámara-, sino después de asegurar que se ha gastado "lo necesario para evitar una factura superior", la que podría acarrear un vertido de crudo en aguas de Canarias.

En su segunda intervención, González Ortiz aportó la cifra concreta: 30.000 euros. El consejero añadió que las acciones legales contra las prospecciones han sido asumidas en su mayoría por los servicios jurídicos del Ejecutivo.

Fernández inquiría por otros gastos: "Viajes del presidente y su séquito a Bruselas, Madrid y Marruecos", un programa especial de "manipulación absoluta" en Televisión Canaria... No hubo contestación, pero sí un momento de tensión y acusaciones mutuas que el presidente del Parlamento, Antonio Castro, tuvo que sofocar.