El Consejo de Ministros celebrado el pasado día 10 acordó solicitar con carácter de urgencia al Consejo de Estado los informes previos a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la consulta convocada por el Gobierno canario para que los ciudadanos se definan sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. Con este acuerdo se inicia el trámite para recurrir el decreto por el que se desarrolla la ley canaria que permite convocar una consulta popular, así como la propia convocatoria a las urnas, fijada para el día 23 de noviembre próximo.

Aunque el dictamen del Consejo de Estado previsto para que sea emitido hoy, día 23, no es vinculante, sí es preceptivo antes de que el Consejo de Ministros autorice al presidente del Gobierno a interponer el oportuno recurso ante el TC, que de ser aceptado a trámite por el alto tribunal supondría la suspensión inmediata de la orden de convocatoria a la consulta popular.

El argumento principal del Ejecutivo al tomar esta decisión se basa en que las consultas ciudadanas mediante pregunta directa, como pretende el gobierno canario, constituyen materialmente un auténtico referéndum, ya que la potestad para convocarlo es únicamente del Estado.

El presidente canario, Paulino Rivero, sabe bien que toda consulta que se haga en Canarias, basándose en la legalidad del Estatuto de Autonomía, o de las leyes particulares de esa comunidad autónoma, solo puede referirse a competencias del Gobierno y Parlamento de Canarias, por lo que el Ejecutivo regional no puede convocar consulta alguna en su ámbito territorial sobre materias que son de competencia exclusiva del Estado. Así lo dice la ley y la primera obligación de un gobierno democrático es cumplir y hacer cumplir la ley.

No resulta serio convocar una consulta popular para que los canarios decidan si quieren o no que se realicen prospecciones petrolíferas, porque eso es lo que en el fondo se pretende por muy disfrazada o no que esté la pregunta, toda vez que las autoridades canarias carecen de competencia en materia de hidrocarburos para formular dicha consulta.

La pregunta con la que se piensa explorar la voluntad de los canarios es confusa, ambigua, malintencionada y capciosa porque está formulada para que se responda un "no", pues ¿quién estaría de acuerdo en que se cambiara el modelo medioambiental y turístico por causa de las prospecciones petrolíferas? Nadie. Pero es que, además, la pregunta es engañosa y manipuladora ya que parte de un supuesto falso, porque no es cierto que unos sondeos, que no tienen otra finalidad que la de descubrir si en esa zona hay o no petróleo o gas, vayan a cambiar el modelo medioambiental y turístico de Canarias.

Y yo pregunto, ¿acaso Paulino Rivero no tiene en cuenta que Marruecos ya ha encontrado indicios de crudo frente a las costas de Sidi Ifni, a 200 kilómetros de Canarias? ¿Se lo piensa impedir también?

Tampoco comparto el cambio de criterio del señor Rivero sobre el tema del petróleo en aguas próximas a Canarias, cuando esta propuesta la llevó en su programa electoral de las elecciones autonómicas de 2011 (que no ganó). ¿A qué juega? ¡Un poco más de seriedad!

Por mi parte considero que mientras el Gobierno del Estado y la compañía Repsol cumplan con todos los compromisos medioambientales los sondeos para la búsqueda de hidrocarburos deben realizarse pues no estamos en condiciones de despreciar un recurso energético propio.

Se estima en 200.000 euros el coste de la consulta popular y que pagaremos todos los canarios. ¿Es que no hay otras necesidades más urgentes a resolver como el escandaloso desempleo, las vergonzosas listas de espera sanitarias, el fracaso escolar, los servicios sociales, etc.? Un poco de seriedad, por favor.