Media docena de familias siguen residiendo en las viviendas de Mirca, en Santa Cruz de La Palma, alojamientos que el ayuntamiento debe derruir en virtud del acuerdo firmado con el Estado y el Gobierno de Canarias para la construcción de la promoción de Timibúcar, que precisamente se ejecutó para sustituir a las casas de propiedad municipal declaradas en estado ruinoso.
Una de las familias es la okupa que el ayuntamiento pretende desalojar con una orden judicial, mientras que el resto han preferido permanecer en sus casas de "siempre" antes que aceptar los pisos nuevos, mucho menos espaciosos, que fueron construidos en Timibúcar. La razón principal de esta decisión es que sus "viejas" viviendas en realidad se encuentran en condiciones más que aceptables para ser habitadas. Si se estuvieran cayendo, es lógico pensar que se hubieran ido. Es más, una simple visita al lugar sirve para poner al menos en duda la veracidad del informe técnico municipal que en su momento se utilizó para declararlas en ruinas y, con ello, lograr la subvención millonaria estatal para la nueva promoción.
Otro factor determinante es que si los adjudicatarios cambian de alojamiento deberán pagar un alquiler y gastos de comunidad, mientras que en Mirca la casa les sale prácticamente gratis. También hay casos concretos, como una familia con ocho miembros a la que se le adjudicó un piso nuevo de tan solo dos habitaciones.
Lo curioso es que los residentes de estas casas nunca fueron consultados cuando se propuso la reposición de sus alojamientos. Es decir, el ayuntamiento decidió "cambiar" sus viviendas sin que las familias afectadas lo solicitaran ni tan siquiera estuvieran interesadas. Al contrario, una mayoría de ellas presentó un escrito en la corporación capitalina dejando claro que preferían quedarse en sus actuales hogares.
Sin embargo, el ayuntamiento, en contra del razonamiento vecinal, optó por pedir subvención estatal para la reposición de las casas, incluyendo las viviendas de Mirca en una promoción que sí era necesaria para dar un espacio digno donde vivir a las personas que residían en otro bloque municipal, el albergue, que estaba en pésimo estado de conservación.
El Estado dio hasta finales de 2013 de plazo para derribar las casas municipales. El ayuntamiento pidió una prórroga, que ya se está consumiendo. Lo primero que se derruirá será el albergue, donde ya no vive nadie tras el traslado de todos los inquilinos a los nuevos pisos. Luego, Mirca. ¿Cuándo? La corporación local espera retrasarlo lo más que pueda, aunque lo ideal sería llegar a un acuerdo para mantener en pie las casas que en mejor condiciones se encuentren.