La Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias ha accedido a las peticiones de los sietes cabildos y de las organizaciones en defensa de los discapacitados y ayer acordó aplazar la entrada en vigor del decreto que regula el copago en dependencia hasta el 1 de enero de 2016. Así se lo comunicó ayer la propia consejera, Inés Rojas, a la Plataforma por la Discapacidad en el transcurso de una reunión celebrada en la isla de Gran Canaria.
La paralización, de momento, solo afecta al copago de dependencia en materia de discapacidad, aunque todo indica que en los próximos días podría hacerse extensivo a los mayores.
"El compromiso que se ha alcanzado es realizar un grupo de trabajo con los cabildos para, antes de mayo del año que viene, saber el coste real de los servicios", detallaba ayer a la salida de la reunión el portavoz de la Plataforma Tenerife Discapacidad, Raúl Cordero que consideraba una "buena noticia el acuerdo".
"Nosotros, y también los cabildos, lo que decimos es que no se puede aplicar un copago a un servicio que no está financiado al cien por cien y el Gobierno parece que no solo nos ha escuchado sino que también piensa igual", dijo Cordero.
Así, la próxima semana los siete cabildos y la propia Consejería volverán a reunirse para iniciar la conformación de los grupos de trabajo para que antes de que acabe mayo se sepa el coste de cada plaza por servicio.
"Lo que hemos exigido es que se incluya ya en el presupuesto para el año que la subida que va más que previsiblemente va suponer esto. Tiene que ser un mínimo de un 10% más del presupuesto que hubo este año, porque lo que nos preocupa es que las elecciones nos van a pillar por medio y ahora pueden comprometerse a cualquier cosa y después incumplirse", insistió el portavoz.
Uno de los asuntos que también preocupaba, tanto a las instituciones como a las organizaciones, es el dinero para gastos personales que quedaba a los usuarios una vez que se le aplicaba el copago sobre la prestación o el servicio que recibía.
"En Canarias, en vez de contar con 240 euros al mes, se quedaba con 110 euros y eso es algo a lo que nos oponemos tajantemente. Se verá en las mesas de trabajo", añadió Raúl Cordero.
Además, tanto los representantes insulares como los de los colectivos han trasladado a la consejera la necesidad de contar en las mesas de trabajo con representantes de la Consejería de Sanidad para solventar la escasez de recursos con los que cuentan los dependientes.
"Hemos perdido muchas prestaciones sanitarias, como la rehabilitación y la fisioterapia, y queremos que se nos den ayudas y hemos encontrado buena sintonía del Gobierno", sentenció Raúl Cordero.