El Comité de Derechos y Garantías del PP ha tramitado la baja que habían solicitado "todos los militantes implicados" en el uso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, entre los que figura el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, con lo que concluye la investigación interna.
El PP informa en un comunicado de que el Comité de Derechos y Garantías ha adoptado esta decisión tras escuchar a todos los afiliados relacionados con dichas tarjetas, que habían tomado previamente la decisión de dejar de militar en el partido.
Al perder la condición de militantes, explica el PP, el partido concluye la tramitación del expediente informativo puesto en marcha al conocerse la existencia de las tarjetas opacas.
La pasada semana, el PP abrió expedientes informativos al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y otros doce militantes del partido por el uso de las tarjetas opacas de Caja Madrid.
Rato solicitó por carta a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, su suspensión temporal de militancia en el partido "hasta que todos estos hechos queden esclarecidos".
Según informa el PP en un comunicado, el resto de afectados había solicitado también su baja en el partido, que ha sido tramitada ayer por la tarde en la reunión del Comité de Derechos y Garantías.
Catalá cree que puede haber fraude de ley
El Gobierno de Mariano Rajoy ha iniciado los trámites para impugnar la consulta alternativa del próximo 9 de noviembre que ha puesto en marcha la Generalitat de Cataluña, según afirma La Moncloa en un comunicado. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, reclamó ayer al Consejo de Estado el informe preceptivo previo a la impugnación ante el Tribunal Constitucional del conjunto de actuaciones que ha puesto en marcha la Generalitat de Cataluña para la celebración de una consulta bajo la denominación de "proceso de participación ciudadana". El presidente del Gobierno ha solicitado que ese dictamen del órgano consultivo sea emitido con carácter de urgencia para que se pueda autorizar, en su caso, el acuerdo de impugnación en el próximo Consejo de Ministros. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicó que la Abogacía General del Estado está estudiando actuaciones de la Generalitat como "las instrucciones que se emiten a los centros escolares y a los funcionarios", para ver si tienen "fuerza probatoria suficiente" para incorporarlos a un expediente de impugnación. El ministro destacó que "puede haber un fraude de ley", porque "se pretende conseguir un resultado prohibido mediante un camino alternativo".