Los Presupuestos Generales del Estado para 2015, que se encuentran en tramitación en las Cortes Generales, recogen el compromiso del gobierno en el cumplimiento de los objetivos de déficit público. Según el Gobierno español, el déficit público se situará en el -4,2% del PIB en 2015 frente al -5,5% del PIB en 2014.

CEOE-Tenerife valora positivamente este compromiso y el esfuerzo en la consolidación fiscal, y recuerda que el deterioro del saldo fiscal español fue uno de los más intensos de los países europeos y todavía en 2013 el déficit público español duplicaba el de la Eurozona. La reducción del déficit público es prioritaria ante la necesidad de contener el crecimiento de la deuda pública, que superará el 100% sobre el PIB en 2015, lo que situará al sector público español como uno de los más endeudados dentro de Europa. Ese elevado nivel de endeudamiento, además de la carga por intereses que conlleva, aumenta la vulnerabilidad de la economía española ante episodios de incertidumbre en los mercados financieros.

Por otro lado, los Presupuestos Generales del Estado de 2015 deberían impulsar, destaca la patronal, el ciclo económico de recuperación y de incipiente creación de empleo. Además, tanto en el ámbito fiscal como en las políticas de empleo hay algunos aspectos que no se ajustan, en su totalidad, a las propuestas realizadas por las organizaciones empresariales, como la reducción de las cotizaciones sociales, o a las ya comprometidas con los interlocutores sociales.

Asimismo, los Presupuestos han de ser un instrumento, junto con las reformas estructurales, para que la política presupuestaria aumente el crecimiento potencial y la competitividad de la economía española. En 2015 se incrementa la dotación de las políticas destinadas a apoyar la actividad empresarial dentro y fuera de España, lo que marca un cambio de tendencia claro que merece una valoración positiva para CEOE-Tenerife.

No obstante, su cuantía todavía está muy lejos del nivel adecuado para situar a España cerca de los estándares europeos, como, por ejemplo, la política en I+D+i (el gasto supone el 1,27% del PIB, frente al 2,07% en la Unión Europea). Otro ejemplo es el ámbito industrial, donde no se observa una apuesta clara para alcanzar el objetivo europeo del 20% del PIB en 2020.

Por último, CEOE reitera que el progreso en consolidación fiscal no debe ser un obstáculo para seguir avanzando en la reforma del sector público. "No cabe duda de que se ha progresado en la mejora y eficacia en el funcionamiento de la Administración a través de las actuaciones recogidas en el informe CORA, pero se echan en falta otras medidas de carácter estructural que vayan dirigidas a la sostenibilidad a largo plazo del gasto permanente del sector público. En definitiva, es posible una administración pública más eficiente y productiva", concluye.