Los últimos 17 detenidos en la operación Púnica que quedan por comparecer ante el juez Eloy Velasco se encuentran ya en la Audiencia Nacional, salvo los considerados cabecillas de la trama de corrupción, el exconsejero madrileño y execretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, y su socio David Marjaliza.
El primer furgón de la Guardia Civil, con cinco detenidos, ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Prim a las 09.00 horas, media hora después llegaba un segundo furgón y a las 09.50 llegaba un tercero, con lo que en total han sido ya trasladados 15 de los 17 detenidos a los que Velasco interrogará hoy, han informado fuentes jurídicas.
Además de a Granados y a su socio en la trama de corrupción, David Marjaliza, Velasco tomará hoy declaración al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), y a cinco empresarios.
Dos de ellos, Didier Maurice y Constantino Álvarez, de la multinacional francesa Cofely, que recibió numerosas adjudicaciones irregulares, así como otros tres de empresas de Marjaliza (Eduardo de la Peña, José Luis Huerta y Antonio Serrano).
Estos cinco, que son los que han sido trasladados en el primer furgón que llegó a la Audiencia Nacional, tenían que haber comparecido ayer, pero finalmente sus declaraciones se pospusieron a hoy tras decretar para ellos Velasco la detención judicial (hasta entonces se trataba de un arresto policial), por lo que han pasado la noche en la prisión madrileña de Soto del Real.
El magistrado de la Audiencia Nacional envió ayer a prisión eludible bajo fianzas de 60.000 euros a los alcaldes de los municipios madrileños de Torrejón de Velasco (PP), Gonzalo Cubas Navarro, y de Parla, José María Fraile (PSOE), así como al jefe de gabinete de este último, Antonio Borrego, y de 25.000 euros para el testaferro de Marjaliza, Antonio Cándido Ruiz.
En este procedimiento, con 51 imputados, fueron detenidas 35 personas, de las que 12 comparecieron ayer ante el juez, otras 17 lo hacen hoy y seis quedaron en libertad por parte de la Guardia Civil.
El juez afirma en el auto que dictó ayer que los detenidos formaban parte de una "trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios", contratos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones de euros.