El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma mantiene en su nuevo Plan General de Ordenación, en fase de aprobación definitiva, el desarrollo de Maldonado, en contra de las directrices de la Dirección General de Costas, que advierte de que todos los equipamientos previstos en la zona están proyectados dentro de la servidumbre de dominio público.
La disputa entre el municipio y Costas se remonta a 2007, cuando el ente estatal comunicó a la corporación que la instalación hotelera (en la zona donde ahora se encuentra Afelsa), el parque marítimo, un puerto deportivo y el palacio de congresos diseñado en Maldonado no se podía ejecutar, al estar dentro de los 20 metros del deslinde marítimo-terrestre.
A partir de esa fecha, primero con Juan Ramón Felipe de alcalde, luego Sergio Matos y más recientemente Juan José Cabrera, se iniciaron reuniones con Madrid, con la presentación de documentación, para demostrar que la zona de actuación era un núcleo urbano consolidado antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, en 1988, por lo que la servidumbre debía mantenerse en los 100 metros.
Pese a los anuncios en los últimos siete años de que las posturas se habían acercado, la realidad es bien diferente. "A las dos últimas comunicaciones, no nos han contestado", reconoce el regidor municipal, Juan José Cabrera, quien asume que por ahora Costas "no cede" y aunque recientemente se le remitieron de nuevo los documentos con los que el ayuntamiento entiende que justifica las actuaciones previstas en el PGO, Costas no ha cambiado de postura: "Al menos no nos lo ha comunicado, y lo último que sabemos es que permite que se mantengan las construcciones en la zona", dijo. Es decir, no derribará, ni mucho menos, los edificios de viviendas y negocios, "pero no deja que se haga nada nuevo".
Al ser cuestionado por el empecinamiento en desarrollar una zona con la opinión contraria de Costas, el regidor municipal dijo: "Maldonado es una zona de expansión clave para la ciudad y tanto nosotros, nuestros técnicos, como la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, entiendemos que tenemos la razón porque el suelo es urbano y lo era antes de 1988". Es más, tras la última reunión de la Cotmac, el ayuntamiento atendió una sugerencia técnica de remitir de nuevo a Costas el expediente de Maldonado.
De todas formas, por encima de la creencia sobre la razón que puedan tener alcaldes, técnicos o políticos regionales, la realidad es que con un informe contrario de Costas la seguridad jurídica que se ofrece a los inversores es nula. Y ejemplos ya hay en la Isla, aunque con connotaciones distintas, como la construcción del edificio de Los Tarajales en Tazacorte.