Para el consejero insular de Agricultura, José Joaquín Bethencourt, la culpa de la polémica suscitada con la compra de vino a granel en la Península por Bodegas Insulares de Tenerife (Bitsa) la tienen "quien filtró" la información y "los medios de comunicación". La primera afirmación la realizó con rotundidad en el pleno celebrado ayer por el Cabildo y la segunda, negada en dicha sesión, aparece reflejada en una carta que remitió a los socios de Bitsa: "Esta noticia ha sido totalmente sacada de contexto y tratada con falta de responsabilidad respecto a cientos de viticultores".
En su comparecencia, a petición del Grupo Popular, señaló al exconsejero delegado de la empresa mixta como responsable "único y exclusivo" de la compra del vino a granel peninsular y de que "no fue transparente con el Consejo de Administración".
Tras hacer un recorrido histórico desde la entrada del Cabildo en el sector vitivinícola hasta hoy, defendió la continuidad de la Administración insular en el mismo al considerar que "está inmaduro". Un hecho en el que incidió el PSOE -en una de las primeras veces que se pronuncia este partido-, cuyo representante en Bitsa, Miguel Ángel Pérez, dijo que "es esencial" esa presencia institucional porque así lo piden los cinco consejos reguladores.
Pérez rescató el acuerdo plenario unánime adoptado por el Cabildo el 7 de noviembre de 2007 para reclamar su cumplimiento y, por tanto, la creación de la Denominación de Origen Única en la Isla y de un único consejo regulador.
Bethencourt no desaprovechó la ocasión para acusar al director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, Alfonso Juan López Torres, de incurrir en una "falta grave de respeto" al hacer público el informe elaborado por el ICCA tras inspeccionar las bodegas.
Ni una palabra de asumir responsabilidades por parte de los rectores máximos de la empresa en la que el Cabildo es el socio más importante y en "un asunto muy grave", el mayor que ha encontrado la consejera insular del PP Pilar Merino, quien también fue consejera de Agricultura regional.
Merino advirtió de que la normativa de los consejos reguladores imposibilita emplear, en marcas adscritas a empresas de su ámbito de control, etiquetas que contengan elementos que generen confusión en los consumidores, algo que podría ocurrir con la marca Viña Donia, empleada por Bitsa para comercializar el vino a granel o vino de mesa obtenido con la mezcla del caldo peninsular y el depositado en la bodega comarcal de Guía de Isora.
"Le ha hecho más daño al sector la filtración que el hecho en sí", repitió en varias ocasiones el consejero Bethencourt.
Antonio Alarcó, presidente-portavoz del Grupo Popular, propuso iniciar el proceso de desinversión paulatina de Bodegas Insulares, separar los medios propios del Cabildo (personal y/o de prestación de servicios) de los de Bitsa, dejar al sector que defina su organización, plantear al Gobierno canario el desarrollo de la Ley Canaria de la Viña y del Vino, priorizar el Plan Vitícola de la Isla y promover un plan de marquetin en los mercados local, insular, regional, nacional e internacional.
En ello trabajarán los grupos políticos del Cabildo tras lo que Bethencourt definió como una polémica que responde a "determinados intereses inconfesables".
Más dinero para Empleo
Efraín Medina se mostró conciliador al inicio de su defensa de la petición de dinero para Empleo en los Presupuestos Generales del Estado. María José Tacoronte (PP) se convirtió en la revelación de la sesión al acribillar con cifras al consejero de CC y sustentar su argumentario en el crecimiento del desempleo en Canarias a pesar de los 1.200 millones recibidos del Estado para esta competencia. "Que nos den lo que es nuestro y nos corresponde", sentenció Medina.
El servilismo del PP
Ayer tocaba reclamar a Madrid más dinero y Carreteras es un espacio idóneo para ello. El mano a mano entre José Luis Delgado (PSOE) y Manuel Torres (PP) lo desniveló Cristina Valido (CC). Mientras el primero pidió al segundo que consiga la declaración de interés general para el cierre del anillo insular y éste le recordaba que Canarias vuelve a tener 54 millones para carreteras, Valido le reclamó a Torres y a Alarcó una mayor defensa de la Isla en Madrid en sus condiciones de diputado y senador, respectivamente. "No se puede ser tan servil", espetó.
Para Cultura, cero
Cristóbal de la Rosa reprochó al PP el trato que da a Cultura y Deportes como si se tratara de "asuntos menores". Aseguró que la Isla no tiene asignado ni un euro para materia cultural en los PGE y que el Gobierno central incumple hasta con la Catedral, aportando 600.000 de los 2,6 millones que le adeuda al Obispado, Guillermo Meca (PP) reprochó "el victimismo de siempre".