La acción de gobierno desarrollada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en los tres últimos años ha estado centrada en el compromiso social y la dinamización económica, como palanca que pueda facilitar la creación de empleo. Con ese propósito, nos hemos empeñado en hacerle frente a la adversidad de la crisis, prolongada en el tiempo, que ha ido afectando a un número mayor de familias. En este contexto, los Servicios Sociales municipales registran a diario la llegada constante de personas nuevas, que demandan recursos con los que sobrellevar esta situación. En ese sentido, se ha superado la media anual de 5.000 vecinos desde que esta crisis dio sus primeras señales.

A la vista está que la situación no es exclusiva de nuestro municipio, incapaz de esquivar por sí solo las secuelas de una coyuntura presente en el conjunto del Estado. Como sucede en el común de las capitales, el aumento del número de personas en situación de desempleo y la reducción de la renta de las familias son las principales consecuencias de esta realidad. Además, sus efectos en la población no se distribuyen de manera uniforme sino que se ceban en determinados sectores, lo más vulnerables, sobre los que debemos focalizar la prestación de los servicios asistenciales. Por dicho motivo, hemos incrementado de manera progresiva la dotación de medios materiales y humanos. Porque se trata de brindar una atención social directa, eficaz y justa.

Sin tener la posibilidad de cambiar el rumbo de esta situación, el Ayuntamiento -como todas las instituciones locales- es la administración sobre la que recae el peso de las consecuencias de la crisis. Por afinidad y cercanía, los vecinos acuden a sus dependencias en demanda de amparo, convirtiéndose en la primera puerta a la que tocar. Solo en 2013, este Consistorio abonó cerca de seis millones de euros en prestaciones básicas para alimentación, vivienda y agua, entre otras ayudas. Somos conscientes de ello, asumimos esa realidad y tratamos de responder con eficacia y prontitud, sin que dejemos de rebelarnos contra la injusticia de los recortes estatales y el incumplimiento de los compromisos adquiridos por otras administraciones.

Uno de los instrumentos esenciales para mantener la calidad de vida de las personas con menos recursos es la Prestación Canaria de Inserción (PCI), ayuda económica regulada por el Gobierno autonómico con el fin de cubrir las necesidades básicas de quienes se hallan en situación de mayor desigualdad social. De hecho, nos referimos al eje sobre el que giran los recursos municipales que ponemos a disposición de estas personas. Por este motivo, una mejor gestión de la PCI, orientada al incremento del volumen de resoluciones de concesión y renovación, así como más rapidez en el cobro de esta ayuda, son fines imprescindibles para la mejora del sistema. De ser así, los ayuntamientos podrían centrar sus esfuerzos en la prevención y la intervención social.

Sin embargo, como quiera que estas PCI no terminan de llegar a las familias, retrasándose su abono durante meses, la realidad es que nos estamos viendo condenados a la tramitación de prestaciones sociales que intentan paliar la ausencia de recursos económicos. Solo un reducido número de personas vulnerables cobra la prestación y su abono se efectúa con retraso. Sirva como ejemplo que de 271 expedientes de nuevas solicitudes remitidos este año al Gobierno de Canarias solo han sido resueltos 22. O que de estos 22 únicamente se están abonando dos, al haber obtenido resolución favorable. Y sucede algo parecido con las renovaciones: De los 453 expedientes resueltos favorablemente, solo 194 han devenido en abono de la prestación.

Evidentemente, esto no puede seguir así. Somos conscientes de las dificultades del Gobierno de Canarias para asumir mayor capacidad de gasto en sus presupuestos y aumentar las aplicaciones destinadas al cobro de la PCI, junto al apoyo a los ayuntamientos para pagar al personal gestor de la ayuda en el tramo municipal. No cabe duda. Pero resulta indiscutible que la necesidad más básica que hoy en día tenemos por delante es procurar una renta mínima a las personas más desfavorecidas. Cualquier omisión en este sentido acrecentará los niveles de exclusión social, con lo que esto supone para las personas y sus familias. La Comunidad Autónoma está obligada a priorizar necesidades y buscar los recursos económicos donde sea necesario.

Por eso, este viernes hemos aprobado una moción institucional, promovida por el grupo de gobierno y apoyada por el Pleno, en la que exigimos al Gobierno de Canarias el aumento de las aplicaciones presupuestarias con destino al pago de la PCI y a sufragar los gastos del personal gestor en el tramo municipal. Se trata de responder al aumento considerable de personas en situación de vulnerabilidad social y procurar una gestión más ágil y eficaz del procedimiento. Asimismo, exigimos la inmediata resolución de los expedientes ya tramitados por el Ayuntamiento, con el fin de facilitar el abono inmediato de la prestación. En definitiva, reclamamos que las personas con derecho a cobrar la PCI lo hagan y con rapidez.