El retraso en la aprobación y autorizaciones de cobro de la prestación canaria de inserción (PCI) trae de cabeza a los servicios sociales municipales, que ya no saben cómo dar respuesta a los miles de usuarios que deben esperar hasta seis meses para poder contar con esta ayuda básica. La desesperación entre los trabajadores sociales es tal ante la imposibilidad de evitar un desahucio (generalmente por alquiler) o de ayudar a la usuario a abonar las facturas de luz y agua de los meses sucesivos que están remitiendo de forma masiva informes a la Consejería de Política Social del Gobierno de Canarias acreditando la especial gravedad de algunos casos y solicitando que se acelere en todo lo posible la concesión de una PCI.

Estos informes, denominados "informes de prioridad", no están contemplados por la ley, aunque la Consejería de Política Social ha destinado 100.000 euros para los denominados casos de urgencia que se acreditan a través de estos informes sociales.

Según detallan desde el Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se trata de una herramienta ideada hace algo más de un año por la propia Consejería para tratar de dar respuesta a los casos más graves y que pueden conllevar la pérdida del hogar, de la custodia de los menores o situaciones de máxima gravedad. Con estos informes lo que se conseguiría es que el trámite de adjudicación en vez de retratarse hasta los seis meses actuales se redujera a dos.

El problema responde al hecho de que para los servicios sociales de los ayuntamientos todos los casos que obligan a tramitar una PCI son graves porque es la única ayuda posible para estas familias. Por eso, el envío de este tipo de solicitud acreditada de prioridad se está disparando, sobre todo después del verano, cuando se ha notado una paralización aún mayor en la concesión de las ayudas.

Hay ayuntamientos que, incluso, han establecido una serie de criterios para delimitar cuándo solicitar una mayor celeridad en el procedimiento, como es el caso de que haya riesgo de que la unidad familiar se quede sin un hogar o de que no se pueda garantizar la correcta atención de menores de edad.

No obstante, otros incluso están barajando la idea de mandar un informe de prioridad de todos los casos que llevan esperando más de tres meses.

La decisión sobre a qué casos darles más agilidad a la hora de cobrar la ayuda se toma en una reunión entre el jefe de sección y una trabajadora social donde se estudia caso por caso y la necesidad de darle prioridad al proceso, aunque la estadística dice que de cada cien casos que llegan a esa mesa, un máximo de 12 finalmente son atendidos con mayor prisa.