El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, ha dicho hoy que la legislatura está marcada por la crisis económica, así como por la política de contención del gasto y la austeridad, a pesar de lo cual, destacó, se han impedido los despidos en la administración pública canaria.

El descenso de personal se debe a que no se pueden cubrir todas las jubilaciones, indicó el consejero durante el debate en comisión parlamentaria del presupuesto de su departamento para el año próximo, que asciende a 180.191.809 euros.

El diputado del grupo Popular Emilio Moreno se refirió a que el proyecto de ley de presupuesto autonómico es un retroceso porque se congelan las políticas sociales.

Emilio Moreno indicó que la actual legislatura pasará sin que se pueda hacer un balance en esta Consejería, para a continuación afirmar que de la implantación de la nueva oficina judicial no hay ni una alusión en el presupuesto, porque, aseguró, no se lo permitirán los sindicatos hasta que no se cobre más de un millón de euros por complemento específico.

El diputado popular reconoció que no se reúnen con las mismas personas y señaló que los operadores jurídicos son corteses con el consejero, pero eso no quiere decir que estén de acuerdo con sus planteamientos, y señaló que el presupuesto es "desolador y decepcionante".

El consejero respondió que Emilio Moreno es el único operador jurídico de Canarias que desconoce las felicitaciones de área de Justicia, y afirmó que los representantes sindicales están contentos con lo realizado si bien tienen reclamaciones, y añadió que

La diputada del grupo Nacionalista Marisa Zamora apuntó a la modernización de la administración pública como objetivo para que sea más cercana y abierta a los ciudadanos, y abogó por involucrar a los empleados en el proceso, de manera que se les forme para ello.

El portavoz del grupo Socialista, Manuel Fajardo, destacó que en cuatro años se ha hecho un trabajo serio, riguroso, concienzudo y que no era sencillo por la rigidez del marco presupuestario, los objetivos del déficit impuesto por el Gobierno central, y las carencias.

Manuel Fajardo hizo hincapié en que el presupuesto de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, se ha sabido ceder sin mermar la eficacia y eficiencia en la respuesta a los ciudadanos, y añadió que ha sido un gran trabajo el realizado para la reforma de la administración pública, ámbito en el que elogió la labor hecha en pro de la transparencia.

El diputado del grupo Mixto, Pedro Justo, de Nueva Canarias, comentó que tiene suerte el departamento de Hernández Spínola, ya que sube su dotación, y agregó que en el ámbito de Justicia el servicio de asistencia gratuita se reduce, lo que de ser así consideró que no sería lo adecuado.

Pedro Justo también se refirió al aumento de la partida destinada al Instituto Canario de Igualdad, que a su juicio es escueto para las necesidades que pretende cubrir el Gobierno canario.

El consejero indicó que la Consejería tiene el 2,68 por ciento de todos los fondos de la Comunidad Autónoma, y aumenta sus dotaciones en un 2,25 por ciento respecto a 2014, y Hernández Spínola añadió que se trata de consolidar objetivos como el impulso y desarrollo de la administración electrónica, modernización y simplificación administrativa.

También se busca consolidar el aumento de la productividad y mejorar la formación del capital humano, así como fomentar la participación ciudadana, mejorar en los niveles de transparencia y open data, y poner en funcionamiento nuevas sedes judiciales, entre otros aspectos.

Explicó el consejero que la Administración de Justicia en 2015 tendrá 132.910.829 euros, lo que representa más del 70 por ciento de la cuantía total de la Consejería, y comentó que el ligero descenso respecto a 2014 se debe a la culminación de las obras y de la adquisición del mobiliario para los edificios judiciales de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna

El Instituto Canario de Igualdad también aumenta su presupuesto por el incremento en la partida destinada a cubrir las ayudas a las víctimas de violencia de género que duplica su asignación respecto a la de 2014 (500.000 euros), y se garantiza para 2015 la continuidad de la Red de Servicios y Centros Especializados de Atención Social a las Víctimas de Violencia de Género (4.825.000 euros).