La directora general de Política Social e Inmigración del Gobierno de Canarias, Ángeles Fernández, aseguró ayer que los retrasos en los pagos de la PCI se deben, principalmente, a "la mala gestión" del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Fernández recordó que el Ejecutivo canaria aportó el mismo dinero para contratación de trabajadoras sociales, pero que el consistorio ha contratado siete, en lugar de 12 y que éstas no comenzaron a trabajar hasta abril de este año.
"En enero solo recibimos un expediente; en febrero, tres; en abril, 110; en mayo, 58 y en junio, 16", aseguró, para recordar que el Gobierno de Canarias tiene seis meses para resolver, por lo que está dentro de plazo.
La directora general reconoció que habían tenido un parón de mes y medio debido a que se les acabó la partida de 23 millones y habían tenido que inyectar tres más, pero que no les podía acusar de mala gestión quien tardó en ponerse a tramitar la PCI.
Asimismo, afirmó que el consistorio había tenido que devolver 36.000 euros que se le habían concedido para emergencia social, por no haberlos justificado como debía.
"Es una tomadura de pelo para el ciudadano que estemos las administraciones tirándonos la pelota", opinó, para recordar que en los presupuestos de 2015 se prevén 28 millones para PCI "que probablemente serán insuficientes".
Asimismo, afirmó que cada mes se incorporan a la nómina de PCI 140 altas nuevas y 150 renovaciones en toda Canarias.
Por su parte, Alicia Álvarez, concejal del IMAS de Santa Cruz, explicó que una sentencia judicial los obligó a contratar con una lista y como funcionarios interinos, en lugar de personal laboral, por lo que no les llegó para contratar 12.
Matizó que había surgido un problema en la justificación, pero que los técnicos lo solucionarían. "Hace falta más dinero", opinó.