La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula definitivamente las sanciones al grupo de alumnos de la Universidad de La Laguna que criticó la gestión de unas becas por la Facultad de Psicología supone el "final desde el punto de vista judicial" del conflicto, pero no desde el político.
Así lo advirtió ayer Josafat González, portavoz del grupo AMEC (Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario) y uno de los afectados por un contencioso que se ha prolongado durante casi cuatro años. González -que compareció en rueda de prensa junto a sus compañeros y al abogado que ha defendido su causa, Raúl Alonso- anunció que la formación exigirá al rector que se disculpe por el "sufrimiento" causado y también que pague de su bolsillo -junto a otros implicados, como su jefe de gabinete y el entonces decano de la Facultad de Psicología- las costas del proceso, que ascienden, según los cálculos del letrado, a unos 4.000 euros. "Deben hacerlo por responsabilidad política. La Universidad no puede sufragar esos costes con dinero público", dijo.
Según AMEC, el rector Eduardo Doménech tiene que admitir que "estaba equivocado". El grupo insiste en la necesidad de derogar el reglamento disciplinario de la Universidad, una normativa nacional que data de 1954.
Una vez anulada la sanción -que la ULL anunció que no iba a ejecutar cuando presentó su recurso a una sentencia anterior que daba la razón a los alumnos-, los afectados tienen previsto consultar sus expedientes académicos para comprobar que ha desaparecido toda referencia al castigo que en principio se les iba a aplicar.
El caso AMEC arrancó en febrero de 2011, cuando el grupo emitió un comunicado acusando de negligencia a la Facultad de Psicología por el retraso en la tramitación de unas becas. Tras un proceso disciplinario, fueron sancionados con la pérdida de una o dos convocatorias de exámenes, castigo que fue anulado cautelarmente por la Justicia.