En agosto de 2013 fue cuando el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife modificaron el convenio suscrito por ambas partes para la construcción del recinto sociosanitario que formará parte del complejo hospitalario del Sur. Esa modificación tenía por objeto la cesión, por parte de la Corporación insular, de una parte de esa edificación para instalar servicios propios del Centro de Atención Especializada (CAE).

Faltando 16 millones para completar la inversión de 25,2 prevista en el hospital del Sur, esa addenda, la novena, establecía un presupuesto de 5.375.000 euros para el CAE, que ocupará espacio provisionalmente en el centro sociosanitario, y paralizaba lo aún pendiente de realizar. O sea, se restaron 11 millones a lo presupuestado originariamente para construir el hospital.

El secretario general de FSP-UGT Canarias, Francisco Bautista Yanes, sale al paso de esta situación explicando que "nuestras autoridades lo que han hecho es aumentar la planificación paralizándola con esta addenda".

Cabe recordar que la parte del centro sociosanitario que entrará en funcionamiento el año próximo con uso hospitalario incluirá, realmente, el servicio de Urgencias, la unidad de Rayos, la unidad de Salud Mental, consultas y un hospital de día con 50 camas, que pretenden ampliar a 100. O sea, básicamente un Centro de Atención Especializada (CAE) que sustituirá al actual de El Mojón, un recinto en plena decadencia estructural.

Para el representante sindical, la gestión que las autoridades están haciendo de esta infraestructura no se corresponde con la realidad. En esa línea, Bautista Yanes ya advirtió de que la dotación de quirófanos y de paritorios en el hospital del Sur no es algo posible en estos momentos porque "no hay espacio". De hecho, la addenda suscrita por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife no solo redujo notablemente el presupuesto de la planificación de servicios, sino que "determinó" específicamente cuáles se implantarán.

El hospital propiamente dicho es hoy un edificio en estructura para cuya culminación se precisan en torno a 15 millones de euros. Desde el Sur, alcaldes, partidos políticos, colectivos sociales y vecinales, así como grupos profesionales demandan al Ejecutivo regional que se aproxime a esa cifra desde los 3,8 millones que prevé.