La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias tendrá que pagar al funcionario Carlos Soler tres meses de sueldo, con los días de vacaciones correspondientes, en cumplimiento de una sentencia judicial firme que anula el expediente de sanción al que fue sometido el ingeniero de caminos, canales y puertos que dirigió los trabajos que permitieron reencontrar en 2005 la Fuente Santa, enterrada en 1677 por las coladas del volcán de San Antonio.
Los hechos se remontan al verano de 2013. Soler había perdido la confianza del consejero Hernández Gómez hasta convertirse en un objetivo casi personal del político palmero, que decidió apartarlo de Agricultura y mandarlo al departamento de Hacienda para que se encargara de la medición de edificios y fincas pese a que su titulación no se adaptaba a su nuevo cometido, por lo que estuvo tres meses sin poder hacer prácticamente nada.
El funcionario explotó y en unas declaraciones a EL DÍA, en julio de 2013, afirmó que "estoy en Hacienda porque me niego a certificar lo que no se ejecuta en una obra y también porque no quiero callarme cuando pienso que algo se está haciendo mal. A mí me ha destituido el consejero de Agricultura, Juan Ramón Hernández Gómez, por esos motivos". Incluso llegó a recomendar "preguntarle al consejero las razones por las que no le caigo simpático o no le gusta lo que yo hago. La verdad es que yo no lo sé, pero seguramente él debe de tener sus motivos".
Estas declaraciones, junto a otras realizadas con posterioridad en otros medios, motivó que el consejero de Agricultura o, para ser exactos, el secretario general técnico de la Consejería, en una resolución fechada el 3 de octubre del pasado año, decidiera abrirle un expediente disciplinario, que acabó con suspensión de su sueldo entre el 4 de marzo y el 4 de junio de 2014. De igual forma, tal decisión motivó que el también profesor fuera apartado por el mismo período de tiempo de la Universidad de La Laguna.
Carlos Soler, que también ha dirigido otras obras de gran calado en diferentes islas, tomó la decisión de recurrir a la vía judicial para defender sus derechos, entendiendo que en ningún caso cometió falta de respeto a sus superiores, tal y como se le denunció, al no existir, según el criterio que defendió su abogado, ningún insulto ni ataque personal.
El pasado día 15 de octubre se celebró el juicio y ahora es cuando se conoce la sentencia, en la que en ningún caso se especifica el alcance punible o no de las declaraciones. En ese caso, el magistrado resuelve que hay que pagar los tres meses de sueldo al funcionario tanto en su trabajo en el Gobierno de Canarias como también el no percibido como profesor universitario por defecto de forma en el expediente.