Parecía que lo sucedido con Las Chumberas era lo peor. Que las ayudas recibidas por la concejala María José Castañeda y el portavoz vecinal Ricardo González suponían el asunto de más enjundia de cuantos se recogen en el auto que imputa al alcalde lagunero, Fernando Clavijo, y a 12 personas más. Pero la lectura del sumario de la operación Corredor ofrece otra perspectiva. O al menos obliga a mirar a la noche. Y a un local: el Sketch, en la calle Barcelona. Su dueño se hartó de la presunta persecución que sufría por parte de la policía, denunció ante la Fiscalía y ha ocasionado un terremoto de imprevisibles consecuencias.
El Sketch ya no existe; pero dio lugar a una investigación profunda en el ocio nocturno de la vieja Aguere, donde, a su vez, se sitúan los orígenes del caso Corredor. Todo empezó cuando su responsable, Carlos Calderón, trató de ampliar el horario de apertura del negocio más allá de lo permitido por la licencia que tenía, para lo que se reunió con el gerente de Urbanismo, Roberto Remiro; el por entonces concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Clavijo, y el portavoz y secretario general del PSOE lagunero, Javier Abreu. Al empresario le fue bien: consiguió llegar a un acuerdo verbal.
No obstante, seguiría sintiendo el peso de la policía. ¿Por qué? Por los horarios (aunque, al parecer, numerosos locales del Cuadrilátero estaban en la misma situación) o por ruidos. La solución fue presentarse junto a su por entonces pareja a otra reunión, en este caso con quien hoy es alcalde de La Laguna, al que consiguieron arrancarle una nueva promesa: "(...) vamos a ver, esto es un acuerdo entre la Policía, entre la Policía y ustedes, eh, entre nosotros. Ahora mismo eso no cabe en el planeamiento". Y añadió: "Como no cabe, no pueden tener ustedes una autorización por escrito".
De aquella conversación se conocen frases como esas por un matiz: fue grabada por el denunciante y aportada como prueba tiempo después. El comentario anterior es uno de los destacados, aunque hay más. "¿Es cierto que va pidiendo dinero?". La pregunta es de Fernando Clavijo y se refiere a un subinspector de la policía local, sobre el que el empresario y su novio le informan de que había vuelto a pasar por el pub. Según el sumario, eso evidencia que el nacionalista "estaba al corriente" de presuntas extorsiones de la policía y, a pesar de ello, no tomó "ninguna medida" para el esclarecimiento de los hechos. Es posible que también lo supiesen un exsubinspector y el anterior subcomisario-jefe.
De la transcripción se desprende que aquellos pactos para saltarse el horario de cierre eran habituales entre el Ayuntamiento y los empresarios del ocio nocturno. A eso hay que unir que, en otro momento del encuentro, Clavijo es asesorado telefónicamente por una funcionaria para ayudar a Calderón con un expediente sancionador. "Nada, que digan que estaban limpiando y que no tenían la música y que estaban limpiando el local", apunta el nacionalista siguiendo las indicaciones, se supone, de la trabajadora municipal. Podría haber en esa actuación un delito de tráfico de influencias.
A juzgar por lo planteado en el sumario y por el devenir de los acontecimientos, para el empresario de poco valía ese apoyo del Ayuntamiento. La policía lo seguía presionando. Y se fue a la Fiscalía. En su conocimiento puso que agentes de La Laguna le reclamaban dinero a cambio de no levantar actas de sanción en su local.
Presuntas extorsiones policiales ante las que nadie actuaba, acuerdos tácitos entre el ayuntamiento y empresarios, o asesoramientos al filo de la legalidad parecen suficientes para una novela. Sin embargo, acaba apareciendo un elemento más. El propietario del Sketch incorpora en su denuncia que las actuaciones policiales sobre su negocio también tendrían que ver con la amistad entre algunos policías y el dueño de otros locales que quería adquirir el suyo. Se refiere a Evaristo González, Tito.