La bandera azul europea ondeó por última vez en Las Teresitas en el verano de 2003. Más de diez años y casi diez millones de euros después, Santa Cruz sigue enredada en un culebrón judicial y administrativo capaz de hartar al más paciente de los ciudadanos. Y lo que es peor, sin la posibilidad de recuperar a corto plazo el distintivo de calidad para nuestra principal playa. Lo que pretendía ser un gran proyecto internacional de dotaciones y equipamientos públicos, diseñado por el arquitecto suizo Dominique Perrault en 2001, terminó convertido en un conflicto al que la Audiencia Provincial puso fin esta semana, confirmando la condena de tres concejales y tres funcionarios municipales, por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística.

La Justicia ha dicho lo que tenía que decir, y no seré yo quien le ponga un reparo. Tampoco espere nadie un intento por mi parte de sacar tajada política de este asunto, aunque lo cierto es que el mal llamado mamotreto es el símbolo de lo que nunca debió ocurrir en Santa Cruz, el ejemplo del colapso al que han estado sometidos los grandes proyectos de nuestra capital, antes incluso de que la crisis económica lo paralizase todo. Lamento lo ocurrido y lamento las condenas, porque por mucho que la sentencia acredite el grado de consciencia de los condenados al actuar de forma indebida -sacando adelante un proyecto que no cumplía con la legalidad-, estoy segura de que ninguno hubiese obrado igual de conocer las consecuencias, no solo para ellos, sino para la ciudad.

Y eso es lo más lamentable de todo: las consecuencias para Santa Cruz. El precio que ha pagado la ciudad no se compensa con ninguna indemnización económica, ni lo repara ninguna pena de prisión. Hemos enterrado unos diez millones de euros en una infraestructura que hasta ahora no ha servido para nada, solo para tener atrabancado el acceso a nuestra principal playa con una obra a medio ejecutar; y hemos perdido más de una década en dotar de servicios a Las Teresitas y de seguridad al pueblo de San Andrés.

¿No es suficiente ya? ¿No hemos tenido bastante? Yo creo que sí. Llegados a este punto, establecidas las responsabilidades en el ámbito judicial, es el momento de pensar en Santa Cruz y de hacer lo mejor para el interés general de los ciudadanos a largo plazo, olvidando el interés particular o partidista del corto plazo.

La propia Sala de la Audiencia nos indica en su fallo el camino: confirma la demolición total de la obra a costa de los condenados, aunque plantea la posibilidad de conservar la mayor parte de la estructura, para aprovecharla como base de un nuevo proyecto legalizable.

Los magistrados entienden que la eventual modificación del planeamiento no haría desaparecer el delito, pero al menos nos permitiría sacarle rendimiento público a la zona del edificio que no invade la servidumbre de protección de la costa.

La cuestión ahora, por tanto, es si nos permitimos el lujo de tirarlo todo abajo y empezar de cero, o si preferimos aprovechar lo aprovechable para dotar la playa de equipamientos y dotaciones de calidad (aparcamientos, vestuarios, duchas, servicios, restauración...) al tiempo que resolveríamos definitivamente la desembocadura del barranco de El Cercado y el riesgo de inundaciones del pueblo de San Andrés.

El sentido común nos dicta una respuesta muy evidente, pero, vista la experiencia, yo apostaría por un gran acuerdo que satisfaga a todos, en lugar de intentar imponer lo que en un principio parece más razonable.

*Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz y vicesecretaria regional del PP de Canarias