La Consejería de Educación "deja abandonados" a los profesores que sufren agresiones o intimidaciones graves y ni siquiera les ofrece asistencia jurídica, como sí hace la de Sanidad con los trabajadores que están a su cargo. Así lo denunció ayer Docentes de Canarias Insucan-CSIF, que demandó una "protección integral" de los trabajadores, así como de los alumnos, que, a juicio de la organización sindical, son también afectados por estas situaciones.

Las críticas de ambas organizaciones, que concurren juntas a las elecciones sindicales del 4 de diciembre, no se limitan a los intentos de la Administración educativa de "diluir y ocultar hechos con relevancia penal", sino que alcanzan también a los fiscales. Así, José Ángel Amador, de Docentes de Canarias Insucan, relató cómo la fiscal se ausentó de un juicio reciente, que por esa razón "no se tramitó como delito penal". Y ello, recordó, pese a que el Fiscal General del Estado dio instrucciones en 2008 de personarse en todos los casos de ataques a los profesores.

Esta incomparecencia de la fiscalía supuso que lo que pudo ser una condena a entre dos y tres años de cárcel se quedase en 15 días de multa a razón de seis euros al día, expuso el dirigente sindical. En este proceso se juzgaba, recalcó Andrés Fuertes, de CSIF, "una intimidación muy grave".

El que estas directrices de la Fiscalía General sean ignoradas por sus subordinados y que la disposición de la Lomce que reconoce al profesorado como autoridad pública no tenga plasmación real significa, para los sindicatos, que "hay normas, pero no se aplican".

Docentes de Canarias Insucan-CSIF se ha dirigido a la Consejería para reclamarle una protección integral que incluya cinco aspectos: apoyo a los docentes y a toda la comunidad educativa afectada por los atentados, asistencia jurídica, asistencia psicológica, ampliación del protocolo de actuación ante agresiones a las intimidaciones y evaluación "urgente" de los riesgos de estas situaciones en los centros. El Gobierno ha respondido "con ambigüedad", a juicio de los representantes de los trabajadores.

Ambas organizaciones dejaron un recado para otro sindicato, ANPE, que el martes presentó los resultados de su servicio El Defensor del Profesor. "No tiene ninguna función y constituye un caso de intrusismo en las funciones de la Administración", dijeron.