El alcalde de El Rosario, el socialista Macario Benítez, declaró en la mañana ayer en el juzgado número 4 de Santa Cruz en calidad de imputado por el llamado caso Montaña Carbonero. El máximo mandatario se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de la acusación particular y defendió en todo momento su actuación en la polémica baja del padrón de la familia González Gil, cuyo decreto clave dijo que no recordaba haber firmado.

Benítez fundamentó su defensa en desligar la baja de cualquier relación con el proyecto urbanizador previsto para esta zona, al que se oponía dicha familia, algo clave en su desarrollo o no. Negó varias veces que la baja obedeciera a este proyecto, en el que también se ve afectada una finca de su propiedad, y que diera órdenes expresas al jefe de la Policía Local y, por ende, al agente que realizó el informe sobre si esta familia vivía o no en esa finca en pro de esa urbanización.

No obstante, Benítez sí indicó que le constaba que la familia vivía en La Laguna, aunque también que la finca era muy productiva y solía tener, al menos, una parte cultivada. Según recalcó, en ningún caso ha actuado en contra de esta familia por animadversión, represalias o para presionarles, al tiempo que subrayó que firma muchos documentos que ni siquiera lee.

Tras la declaración, el pasado miércoles, de la familia denunciante, que se ratificó en sus argumentos, ayer también lo hizo el agente de policía (cabo 3) que realizó el informe que sirvió de base a la baja del padrón. Según señaló, en ningún momento recibió ninguna indicación especial a la hora de realizar este informe por parte del alcalde o del jefe del Cuerpo. Eso sí, no recordaba si alguna vez le acompañó algún otro agente en las distintas visitas que hizo a la finca y a los vecinos para comprobar si la citada familia vivía allí con asiduidad.

El policía remarcó que, en esa etapa, hacía muchos informes de este tipo y que desconocía la motivación del informe. También evidenció las dificultades para que los vecinos pudieran saber si se vivía allí con asiduidad dada la lejanía de la vivienda respecto a otras casas.

El alcalde declaró ayer tras una denuncia contundente de la Fiscalía Provincial por una supuesta prevaricación administrativa al apreciar la "existencia de indicios racionales de criminalidad" con respecto a esta baja en el padrón municipal.

La denuncia, firmada por la fiscal María del Carmen Almendral Parra, sostiene que "todos estos expedientes (de baja) finalizaron con la oportuna inscripción en el padrón, sin que la corporación municipal apreciara ninguna anomalía u obstáculo procesal que impidiera la válida inscripción". Sin embargo, "el 3 de octubre de 2006, el alcalde dictó decreto por el que se iniciaba de oficio procedimiento para causar baja en el padrón municipal de esas (...) personas".

Para la Fiscalía, hay indicios de criminalidad porque "el decreto fue dictado apartándose de los principios que inspiran el correcto ejercicio de la función pública y para fines distintos de los que le son propios".