A tenor del resultado de la implantación de la energía eólica en Canarias es difícil creerse la vehemencia con la que el Gobierno regional ahora -que no siempre fue así- se opone a los sondeos en aguas de Lanzarote y Fuerteventura con el alegato de potenciar las llamadas energías limpias.

Al margen de la contradicción que implica rechazar unas prospecciones que podrían hallar el gas por el que el Ejecutivo sí apuesta -pero que tampoco parece contar con el respaldo social-, el problema principal del argumento del Gobierno es la falta de resultados que avalen la postura que defiende en la actualidad.

Tras muchas legislaturas de promesas, de los 1.025 megavatios de potencia eólica autorizada en Canarias solo hay instalados 150 -cerca del 10%- y el confuso panorama normativo desalienta a los potenciales inversores -solo se han presentando solicitudes por 20 megavatios que, en realidad, podrían ser menos ya que una parte corresponde a ampliaciones de potencia de parques instalados-.

Con el concurso de adjudicación de energía eólica de 2007 judicializado -ya han salido sentencias de Lanzarote, Fuerteventura y, la semana pasada, también de La Palma, que según la consejera regional de Industria y Energía, María Antonia Moreno, la Administración no recurrirá, sino que acatará-, todavía están pendiente de emitirse los fallos correspondientes a Tenerife y Gran Canaria. ¿Cuándo? "Eso quisiera saber, pero ojalá que sea pronto, estamos preparados para ejecutarlas", asevera.

En vista de que la fórmula del concurso generó tantos conflictos no solo de los excluidos frente al Gobierno, sino también con los beneficiados, el Gobierno regional anunció en mayo que la potencia eólica se asignará a partir de ahora mediante un decreto que está todavía en tramitación.

Moreno confía en que el texto -que su departamento está puliendo estos días- llegará en unos días al Consejo de Gobierno, donde espera que sea aprobado y remitido al Consejo Consultivo, que debe emitir un informe, trámite que debería demorar cerca de un mes. Luego, volverá al Ejecutivo para su aprobación definitiva. "Si todo sale según lo previsto", señala Moreno, será aprobado antes de dos meses.

Lo "Razonable"

Pese a la desaparición del régimen de primas para la energía eólica, en Canarias se mantuvo una de 84 euros por hora de megavatio para los primeros 450 megavatios que se instalen. Para acceder a ella, los promotores deben tener los parques funcionando antes de diciembre de 2016, pero ahora no hay subestaciones a las que conectarse para verter a la red, por lo que no pueden presentar sus proyectos. Tanto el Gobierno de Canarias como el Estado se acusan mutuamente por la situación.

Moreno asegura que el Ejecutivo regional busca soluciones ante una normativa "confusa" que impide cumplir los plazos, pero el subsecretario de Industria y Energía, Enrique Hernández Bento, contraataca al señalar que el retraso se debe a que el Ejecutivo canario no acaba de dar la autorización.

Por su parte, desde Red Eléctrica de España -el operador del sistema y responsable de ejecutar las obras que planifique el Estado- se asegura que ya ha presentado y está ultimando los proyectos técnicos de todas las instalaciones contempladas y que, una vez obtenidas las autorizaciones administrativas, pondrá todos los medios necesarios para construir estas infraestructuras eléctricas.

Si hay una parte de la reforma energética del Gobierno central que genere malestar a partes iguales entre los promotores y la Administración regional es lo referente al autoconsumo. El aspecto más controvertido es el denominado "impuesto al sol", que técnicamente es el "peaje de respaldo".

Que familias y empresas generen energía para consumir en un sistema aislado y con carencias en el sistema de distribución -como el canario- "tiene todo el sentido del mundo", expone el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Enrique Rodríguez de Azero, que recientemente ha solicitado a Moreno que insista ante el Ministerio de Industria para negociar alguna fórmula que incentive el autoconsumo en las Islas "vía REF o como que sea".

El texto propuesto incluye ese peaje de respaldo, que obligará a pagar por generar la energía en horas de sol -se consuma o se vierta en la red-, que los promotores ven "inaceptable" al desalentar el ahorro derivado de una menor demanda de generación -y que exigiría también menos inversiones en la red de transporte, ya que se consume donde mismo se genera-.

"Es como si obligaran a pagar un impuesto a quien cultive tomates en una maceta por si acaso va un día al supermercado a comprar tomates en vez de consumirlos", ironiza. Moreno promete que el Gobierno regional seguirá luchando este tema.