El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha solicitado hoy al juez del caso Nóos, José Castro, que archive la causa respecto a la infanta Cristina por inexistencia de indicios racionales de criminalidad, aunque pide que la considere responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 587.413 euros.

En el escrito de acusación de 576 páginas que ha presentado hoy ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en la causa por el desvío de fondos públicos al instituto que presidió el marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, Horrach pide que se abra juicio oral contra 14 imputados y que se archive provisionalmente la causa para otros 6, entre ellos la hermana del Rey.

El fiscal pide que la infanta Cristina responda como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con Urdangarin, hasta la cuantía de 587.413 euros.

Esa cantidad es la mitad de los fondos que, según el fiscal, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad de los duques de Palma al 50 %, y que destinaron a pagar gastos personales.

La infanta testificará en el juicio, del mismo modo que Ana María Tejeiro, la esposa del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, como responsable civil a título lucrativo -figura recogida en el artículo 122 del Código Penal-, al igual que otros nueve responsables civiles más, si el juez incluye esta petición de interrogatorio realizada por el fiscal en el auto de apertura de juicio oral que dictará próximamente.

El fiscal sostiene que Urdangarin creó la empresa Aizoon al 50 % con la infanta Cristina en 2003 y que la utilizó como sociedad interpuesta para percibir rentas derivada de su propia actividad personal.

Lo hizo, según Horrach, para aprovecharse de cotizar mediante el impuesto de sociedades, aunque Aizoon no tenía actividad, y para deducir gastos personales.

El fiscal considera que la presencia de la infanta Cristina en Aizoon no es casual, sino "como cobertura de bloqueo ante cualquier incidencia futura".

La infanta "accedió a participar en la sociedad dada la garantía y la confianza que le ofrecían su cónyuge y su asesor fiscal (Miguel Tejeiro), sin ser consciente del objetivo último de su presencia", asegura el acusador público.

Horrach sostiene que Urdangarin defraudó a Hacienda 182.005 euros de IRPF en el ejercicio 2007 y 155.138 en el de 2008, utilizando Aizoon como sociedad pantalla interpuesta. Además, la empresa ingresó 837.638 euros de origen ilícito procedentes de la apropiación de caudales públicos desde el Instituto Nóos.

Las tres cantidades se usaron en gastos de carácter personal y familiar que repercutieron en beneficio de los dos socios, por lo que la responsabilidad de la infanta alcanza un 50 % de su suma.

El fiscal considera que la infanta, a pesar de desconocer el origen ilícito de parte de los fondos de los que se nutría Aizoon, "se benefició" porque Urdangarin los destino a abonar servicios y suministros de tipo personal o familiar.

Horrach pide también el sobreseimiento provisional de la causa para Ana María Tejeiro por inexistencia de indicios racionales de criminalidad, respecto a todos los hechos delictivos excepto el de blanqueo de capitales. Por ese delito pide que sea condenada a 2 años de prisión y a pagar 961.666 euros de multa.

Como responsable civil a título lucrativo, Tejeiro responderá conjunta y solidariamente con Torres hasta la cuantía de 1.144.240 euros.

El fiscal pide también el archivo de la causa por falta de indicios de criminalidad para el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el secretario del Instituto Nóos, Miguel Tejeiro; el asesor fiscal Salvador Trinxet; el ex director general de la Fundación Madrid 2016, Miguel Ángel de la Villa, y su ex director financiero, Gerardo Corral.