La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desestimó ayer el recurso del Gobierno de Canarias contra las prospecciones, por lo que decidió no suspender cautelarmente los sondeos.

Este pronunciamiento de la Sala se produce después de que el Ejecutivo autonómico solicitó, como medida cautelar al amparo de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, la suspensión de la resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que formuló la declaración de impacto ambiental del proyecto de perforación de los sondeos.

Asimismo, pidió la suspensión cautelar de la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas que autorizó a Repsol la ejecución de las prospecciones; al igual que la suspensión de la resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Industria y Energía que rechazó el requerimiento de suspensión y nulidad de la anterior resolución.

Para rechazar la suspensión, la Sala alega que "aún partiendo de los riesgos hipotéticos", el problema de la perdida de la finalidad del recurso puede ser invocada en igualdad de condiciones por la entidad petrolera toda vez que el real decreto del Consejo de Ministros que otorgó los permisos de investigación denominados "Canarias 1 a 9" estableció que los titulares deberán cumplir con el programa de trabajo especificado para los años tercero, cuarto, quinto y sexto, pero surgiendo sus efectos desde el día siguiente de la publicación en el BOE, que fue el 21 de marzo de 2012.

Así, a fecha de hoy, apuntan, "ya se habrían consumado casi tres años", por lo que señalan que si se tiene en cuenta la "complejidad" del proceso judicial abierto contra Repsol, entre otros, es "evidente" que en el caso de que la demanda fuese desestimatoria, "la compañía prospectora vería rebasados sus plazos o estaría al límite como para poder entonces iniciar los trabajos de sondeo habiendo quedado desvirtuados sus permisos".

Otra de las cuestiones que señala la Sala es que al autorizar una determinada actividad como es este caso la investigación de hidrocarburos en las aguas, condicionada a un complejo proceso de evaluación de su impacto sobre el medio ambiente, y al aceptar los riesgos que la actividad pudiera tener como el turismo, el Consejo de Ministros "hace uso de su propia capacidad de decisión", de la que los tribunales "solo examinan desde el ángulo de la adecuación" a las normas.

Además, el TSJC recuerda que cuando el Supremo se manifestó, "no contaba aún con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)", pero sí lo conoce el TSJC, lo que hace "las determinaciones que en dicha resolución se contienen constituyen el auténtico caballo de batalla del Gobierno Canario para contraponer que la DIA no es ajustada a derecho, que es claramente insuficiente y que no respeta la realidad socio-económico-ambiental de la comunidad autónoma".

El Gobierno canario recurrirá ante el TS

El Gobierno de Canarias recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que desestima la solicitud planteada por el Gobierno canario para que se suspendan cautelarmente las prospecciones petrolíferas que realiza Repsol en el mar desde el 18 de noviembre, a 50 kilómetros de Fuerteventura y Lanzarote.

El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, indicado ayer en declaraciones a los medios de comunicación que recurrirán este auto, en primer lugar, en reposición ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC y después ante el Tribunal Supremo con la intención de "seguir adelante como si nada hubiera pasado", ha agregado.

Ríos destacó que el auto, hecho público ayer por la Sala, "no pone fin al fondo del asunto", por lo que el Ejecutivo canario seguirá batallando en todos los frentes jurídicos y políticos que tiene abiertos.

Según el comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, este fallo, que argumenta que el riesgo para el medio ambiente y el turismo que el Gobierno canario expone "con insistencia" para fundar su solicitud "resulta absolutamente hipotético y determinado al caso de una emergencia o catástrofe", prima los intereses de Repsol.

"No nos parece justo que el auto prime los intereses privados de Repsol frente a los valores medioambientales de Canarias y frente al turismo", ha aseverado Ríos, quien ha lamentado que se haya perdido una oportunidad para resolver "el problema" de los sondeos.

No obstante, ha recalcado, el Gobierno canario va a seguir adelante en todos los frentes que tiene abiertos, los políticos, jurídicos y sociales.

REACCIONES

Manuel Fajardo

portavoz del psoe-psc

"Supone un revés para el Gobierno"

Manuel Fajardo afirmó que lo ocurrido supone un "revés" para las pretensiones del Gobierno de Canarias. Aunque puntualizó que cree en la independencia del poder judicial, llamó la atención sobre las manifestaciones de Repsol y de dirigentes populares recordándole al TSJC que debía tener en cuenta las consideraciones del Supremo.

Asier Antona

Presidente del grupo popular

"Rivero debe disculparse"

El presidente del grupo popular instó a Paulino Rivero a que pida disculpas a todos los canarios, a los que, dijo, ha dejado de atender mientras ha estado "obsesionado" con el petróleo. Además, calificó lo ocurrido de "varapalo judicial", y resaltó que los sondeos se han hecho "escrupulosamente" y de acuerdo a la Ley.

Román Rodríguez

portavoz del grupo mixto

"El PP va a pagar este doble rasero"

Según Román Rodríguez, el PP va a pagar democráticamente por el doble rasero que, sostuvo, ha tenido con las prospecciones canarias y las de territorio peninsular. También aseveró el portavoz del Grupo Mixto y líder de Nueva Canarias que no le sorprende la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias teniendo en cuenta los antecedentes y lo "compleja" que era la situación.

Pedro San Ginés

presidente de insular de lanzarote

"No teníamos muchas esperanzas"

Pedro San Ginés comentó que tampoco es que tuviese demasiadas esperanzas en que la paralización de los sondeos saliese adelante, así como que el Cabildo de Lanzarote ya decidirá si hace uso de sus prerrogativas y que no descarta movilizaciones. Sobre eso último, San Ginés precisó que el "frente social" está por delante de las instituciones.