Desde que el sumario del caso Teresitas apareció dentro del horno de una funcionaria de Justicia cabreada con sus superiores, a mucha gente se le esfumó cierta parte de la confianza ciega en el rigor de un servicio público que, entre otras cosas, puede mandar a la gente al talego. A quienes les quedara aún alguna duda de que todo lo humano está afectado por la incuria, la noticia de la misteriosa desaparición de un auto en el caso contra Clavijo les habrá dejado con la boca como una pandorga.

Ahora resulta que el documento por el que una jueza (o un juez) autorizó la interceptación telefónica de las conversaciones de Fernando Clavijo no está en el sumario. Y la secretaria judicial considera que esto es "inexplicable". O sea, que no tiene explicación. Lo cual es un verdadero problema, porque da la casualidad de que lo que todo el mundo quiere, de momento informalmente y supongo que más adelante de una forma un poco más rigurosa, es que se explique cómo puede desaparecer un auto fundamental sobre el que se construye un caso.

La acusación contra Fernando Clavijo empieza a parecer un sancocho. Primero se basa en una grabación clandestina realizada por un empresario en el despacho de Clavijo, que fue manipulada haciendo corta y pega de las partes que más le interesaban al que grabó para hacer quedar al político como un trapo. A pesar de que se admitió la manipulación de la cinta, el caso se empieza a montar sobre esa prueba contaminada. Chungo. Entonces se ordena el pinchazo de los teléfonos del político. Y ahora resulta que ese auto de intervención no aparece por ninguna parte.

Qué quieren que les diga... Uno casi se imagina a Groucho Marx vestido de cirujano y gritando que se le ha perdido el hígado en medio de una operación de trasplante. Pero la justicia no puede ser tan surrealista. Un caso tan mediático, tan importante y que afecta a un político que es candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias no puede verse afectado por una aluminosis de credibilidad tan grave como la que ayer se dio a conocer a los estupefactos ciudadanos. La custodia de los documentos judiciales no puede ser la casa de Tócame Roque. Y con carácter inmediato y urgente alguien debe salir a la palestra para aclarar y tranquilizar a quienes, con toda razón, están atónitos.

El concepto de la "alarma social" se ha tenido en cuenta por algunos tribunales españoles a la hora de tomar decisiones importantes, entre otras la entrada en el talego de una famosa tonadillera. Debería tomarse la Justicia una ración de su propia medicina y aplicarse el cuento de la alarma que causa saber que un auto judicial puede ser una cosa evanescente, que hoy está y mañana desaparece. Porque al cabo de la calle resulta que hay a disposición de los medios de comunicación un grueso libro de conversaciones de un ciudadano político conseguidas gracias a un papel que, hoy por hoy, no existe. Y si el papel no existe, la Justicia tampoco.