La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las diligencias que abrió para investigar por qué el Ministerio de Industria no reclamó a las eléctricas que devolvieran los 3.400 millones cobrados de más por los Costes de Transición a la Competencia (CTC) al considerar que no constituyó delito alguno.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Efe que el Ministerio Público ha tomado esta decisión después de haber interrogado como testigos a responsables de Energía entre 2007 y 2010.

Los CTC son una serie de pagos a las eléctricas establecidos durante la liberalización del sector eléctrico en 1997 para protegerlas de posibles caídas del precio del mercado, garantizando así que recuperarían los costes de inversión reconocidos en la legislación previa.

Sin embargo, una serie de subidas inesperadas de precios hizo que se abonaran cantidades de más en este concepto, que nunca fueron reclamadas.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró cuando se conocieron las diligencias de Anticorrupción que en junio de 2012 se solicitó un informe a la Abogacía del Estado con el objeto de aclarar la situación en que se encontraban los CTC y, en su caso, la vía para una posible recuperación de las cantidades pagadas de más.

Por su parte, la Abogacía respondió que la recuperación de estas compensaciones estaba prescrita desde 2010 porque nunca se aprobó la orden ministerial que debía reclamarlas.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denunció estos hechos por considerar que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, algo que ha rechazado la Fiscalía al archivar su investigación.