La Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción aseguró ayer que el pacto por el litoral que se llevará a Pleno mañana es "un subterfugio" para "ir creando las condiciones para legalizar el mamotreto", en palabras de Ramón Afonso.

Por este motivo, la Plataforma ha convocado una concentración de protesta mañana, en la puerta del consistorio, a las 9.00 horas, que es cuando comienza el Pleno.

El abogado Felipe Campos afirmó que ese punto se había introducido "de tapaíllo" y criticó que el convenio es "un documento en blanco" porque no se especifica qué van a hacer ni por qué piden la concesión de ocupación de 2.829 metros cuadrados de bienes de dominio público marítimo-terrestre para el encauzamiento del barranco del Cercado.

Aunque Campos reconoció que esas medidas no coinciden con las del mamotreto, que ocupa un espacio superior a los 4.000 metros, señaló también: "A mí me consta que quieren salvarlo todo".

Por su parte, el letrado José Miguel Pérez Ventura consideró que con el pacto por el litoral "se pretende legalizar la expresión de un delito contra la ordenación del territorio".

Sin embargo, el concejal de Urbanismo, primer teniente de alcalde y candidato socialista a la Alcaldía, José Ángel Martín, negó en redondo que el pacto por el litoral tenga nada que ver con una supuesta legalización del mamotreto. "El mamotreto hay que derribarlo", reiteró, porque "no existe ninguna posibilidad ni causa para mantenerlo".

Martín aseguró que el pacto por el litoral no tiene nada que ver con el mamotreto y que "la concesión" que se solicita no llega hasta el edificio inconcluso. "Es para poder ensanchar el barranco en su desembocadura", detalló, para añadir que hay que pedir una concesión a Costas "para cualquier obra del litoral".

Sobre las mociones retiradas sobre el mamotreto, Martín avanzó que en los dos casos el grupo de gobierno iba a votar en contra. Tanto en la de Ciudadanos de Santa Cruz que pedía el derribo inmediato, como la del PP que pretende mantenerlo.

El primer teniente de alcalde explica que el grupo de gobierno está esperando a que el Juzgado certifique la firmeza de la sentencia emitida y a que se abra el proceso para su ejecución para dar los primeros pasos para el derribo. "No se va a dar un paso sin que el Juzgado lo sepa", dijo.

"No existe cauce de legalización, no se puede legalizar y hay que demolerlo", subrayó una vez más.

"El grupo de gobierno va a ser diligente en este asunto", prometió.

José Ángel Martín apostilló que la demolición deberá costearse en un primer momento por el consistorio, pero que después se repercutiría a los condenados por permitir la construcción.