La administración de Hacienda ha remitido a los catorce ayuntamientos de La Palma un requerimiento en el que les reclama información sobre cómo imputan el pago de las dietas a los políticos municipales, con el objeto de determinar si se están o no aplicando las correspondientes retenciones.

La intención de la Agencia Tributaria es conocer si las dietas que perciben los cargos públicos locales son en realidad por manutención o, al contrario, se están "colando" en el mismo concepto (epígrafe) el dinero que los ayuntamientos ingresan a sus concejales por la asistencia a las sesiones plenarias, comisiones u otros organismos municipales a los que pertenezcan.

La clave de la petición de información radica en que aunque las dietas y asignaciones para gastos de viaje, como cualquier contraprestación que satisfaga el empresario al trabajador, constituye en principio una renta del trabajo, la normativa del IRPF excluye de tributación, considerando que no son objeto de gravamen, aquellos pagos que pretenden compensar gastos que se producen por motivos laborales, con unas cuantías máximas.

Sin embargo, Hacienda contempla que los ingresos bajo el concepto de dietas y estancia se deben realizar exclusivamente, como por otro lado es lógico, cuando se hayan ocasionado en un lugar distinto al habitual del trabajador (en este caso, político). Es decir, los pagos por asistir al ayuntamiento para participar en cualquier órgano sí deben tener retenciones.

La Agencia Tributaria tan solo reclama en este caso información, teniendo los ayuntamientos la obligación de facilitarla, y cuando disponga de la misma, decidirá si inicia o no otro procedimiento aclaratorio, lo que dependerá de la detección de posibles irregularidades. De todas formas, estos procedimientos de oficio se inician cuando al menos hay dudas, en principio solo eso, sobre el caso a estudiar.

Los pagos que Hacienda investiga no son tan cuantiosos como los propios sueldos de los políticos, pero no dejan de ser importantes y que afectan a los ediles sin dedicación parcial o exclusiva, es decir, los que se sientan en la bancada de la oposición. En Santa Cruz de La Palma cada concejal obtiene 120 euros, mientras que por juntas de gobierno, comisiones informativas, junta de portavoces y, ahora, el patronato de la Bajada de la Virgen, otros 60 euros por cada uno. Los Llanos, el municipio más poblado de la Isla, paga 300 euros por concejal al mes. Hacienda quiere saber si hay "trampa" en las retenciones.