La población de Santa Cruz de Tenerife ha caído en picado desde 2011, a raíz de la depuración del llamado fraude del padrón.

Desde entonces hasta hoy, la capital ha perdido 16.992 habitantes, un 7,6% de su población, según los últimos datos oficiales, correspondientes a enero de 2014, publicados ayer en el Boletín Oficial del Estado.

Desde que se detectó que una parte de los habitantes del padrón no contaban con un número de DNI válido, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pasó por varios estados. Desde la indignación del alcalde, que amenazaba con tomar medidas contra el Instituto Nacional de Estadística (INE), a la aceptación de que había un problema y, finalmente, la depuración, por fascículos, del padrón mediante sucesivas bajas publicadas en el BOP.

Alrededor de 15.000 personas que supuestamente residían en Santa Cruz de Tenerife no existían en realidad. El pasado mes de abril, el concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, aclaró que se habían dado de baja un total de 13.918 vecinos por estar ausentes, tener una dirección incorrecta o aparecer como desconocidos.

Si lo comparamos con el descenso acumulado de 16.992 vecinos, se podría concluir que la población real de Santa Cruz de Tenerife ha caído en 3.074 personas, que de 2013 a 2014 abandonaron el municipio y cambiaron su lugar de residencia, alrededor de un 3% menos.

Los 205.279 chicharreros contrastan con la superpoblada capital grancanaria, cuyo padrón arroja la cifra de 382.283 vecinos (aún así desciende 767 habitantes desde 2013).

De hecho, el escándalo derivó en una reclamación de 6,5 millones de euros por parte de Las Palmas de Gran Canaria, a cuenta del Fondo Canario de Financiación Municipal, por el dinero de más que recibió por tener, supuestamente, más población.

El caso del supuesto fraude se daba por cerrado, acompañado del archivo de la denuncia que presentaron a la Fiscalía los concejales de Sí se Puede. Así, el grupo de gobierno zanjó el caso de los fantasmas del padrón, a pesar de las quejas de los ediles ecosocialistas, que consideraban el archivo improcedente, puesto que el fiscal argumentaba que "no se puede saber con la precisión que exige el derecho penal la autoría de tales hechos".