Desde la puesta en marcha de un programa especial para garantizar la atención sanitaria gratuita a las personas en situación irregular que residan en Canarias a comienzos del años 2012, solo ha habido 599 solicitudes, según ha confirmado la propia Consejería de Sanidad del Gobierno canario, lo que se traduce en poco más de un uno por ciento de los potenciales beneficiarios.

No obstante, de aquellos que sí se han acogido al programa, ya se le ha concedido la tarjeta sanitaria al 60%, es decir, a 342. El resto (257), según detalla la Consejería de Sanidad, son solicitudes que o se han denegado o, la gran mayoría, están en trámite de subsanación o han sido desistidas por los interesados o han sido excluidos (personas que lo tenían reconocido y lo pierden por fallecimiento, haber adquirido la condición de asegurado por otra vía, fallecimiento, etc....)

De esta manera se cumplen las previsiones que en el año 2012 planteó la máxima responsable de la Consejería, Brígida Mendoza, cuando aseguró que el grueso de las tarjetas que habían sido anuladas por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), a instancias del Gobierno central, correspondían a personas que ya no residían en las Islas y que, por lo tanto, no eran usuarias de los servicios sanitarios públicos.

En aquel momento incluso se llegó a calcular que de las 48.652 tarjetas anuladas en el Archipiélago por el INSS solo un 30%, es decir, una 14.600, serían de personas que efectivamente se encontraban en Canarias y que hacían uso de los servicios sanitarios, sin embargo, el número de solicitudes registradas hasta el momento corresponden a menos del 5% de esa cantidad estimada.

No obstante, desde el Servicio Canario de Salud (SCS) insisten en que no se han dejado de atender las urgencias por enfermedades graves o accidentes, así como las mujeres embarazadas (incluyendo el parto y el postparto) y a todos los menores de 18 años, así como los solicitantes de protección internacional y víctimas de trata de seres humanos.

Sanidad mantiene que la asistencia gratuita incluso se presta a aquellas personas que están tramitando la documentación que se requiere para obtener la tarjeta sanitaria cuyos principales requisitos son: ser mayor de edad, no tener la condición de asegurado o beneficiario del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o del Instituto Social de la Marina, ni exportar el derecho a la asistencia sanitaria desde el país de origen o de procedencia.

Además, es necesario que no exista ningún convenio especial para recibir asistencia sanitaria, estar empadronado en uno o varios ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias con una antigüedad igual o mayor a un año y no disponer de ingresos económicos en España o en el país de origen superiores al indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem).

No obstante, las principales organizaciones sociales vinculadas a la atención de estas personas en situación irregular han denunciado en múltiples ocasiones que la mayor parte de estas personas no pueden conseguir la documentación que se les exige de sus países de origen, donde la administración suele tener grandes carencia o puede que ni siquiera exista, sobre todo si se trata de países africanos.

Sin embargo, la propia Mendoza han manifestado en numerosas ocasiones, sobre todo en intervenciones en el Parlamento de Canarias, que desde su departamento se está en permanente contacto con las organizaciones no gubernamentales por si conocen casos en los que no se esté prestando la asistencia sanitaria a personas en situación irregular por carecer de tarjeta e insiste en que la normativa por la que estas personas se han quedado sin derecho es estatal y que "desde Canarias se ha buscado una solución".