El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Los Llanos de Aridane ha autorizado al perito designado por la entidad mercantil Inversiones Insulares Cock, a que analice entre los días 12 y 16 del presente mes de enero, desde las diez de la mañana y hasta las dos de la tarde, la documentación presentada por el banco Santander para justificar la retirada de 301.000 euros de una cuenta de esta empresa, que asegura que fue estafada por la entidad bancaria.

El Santander mantiene que el dinero fue desviado a una cuenta distinta a la que se ingresó de forma totalmente legal, en concreto por una transferencia realizada por orden, según afirma el banco, del apoderado de la empresa que ahora reclama el dinero, Luis Antonio Pagés Rodríguez. El escrito registrado en el juzgado es una autorización de traspaso de enero de 2008 a una cuenta denominada "contencioso", aunque está elaborado a mano, no tiene sello alguno y está sin mecanizar.

El propio Pagés Rodríguez, sin embargo, aseguró a esta redacción, en información que EL DÍA publicó el pasado 6 de abril de 2014, que "no he firmado ese documento. Ese escrito está falsificado", aclarando que "yo, por no tener, no tenía ni tan siquiera poderes para esa operación".

Los documentos ya han sido estudiados por el perito designado por el Santander, antes incluso de que se presentaran en la sede judicial, emitiendo un informe en el que se refleja que a su entender los escritos no fueron alterados.

Por el contrario, Inversiones Insulares Cock advierte incluso de que el papel con el que se intenta justificar la operación, tal y como también declaró Pagés, "no es en absoluto de 2008", ya que "es mucho más reciente; es fácilmente demostrable que no tiene más de un año y medio. Tenemos fundadas sospechas de que han podido ser antedatados, aparte de otras cuestiones que los invalidan". Además, "no hay rastro de anillas de archivos", por lo que "es un documento que el banco no tenía archivado".

Para aclarar la situación, el juzgado ha permitido que el profesional de los afectados pueda estudiar el documento, pero "sin llevarse los originales de las actuaciones, aunque sí todas las copias que considere oportunas". Se trata de un perito de Los Llanos de Aridane que ha actuado en el citado juzgado por designación judicial.

Inversiones Insulares ha ido incluso un poco más lejos para aclarar la veracidad de los documentos, proponiendo al juzgado que la prueba pericial fuera realizada por un profesional designado por el juez, sin vinculación con ninguna de las partes implicadas en el proceso. Sin embargo, el arbitraje solo tendrá lugar en caso de que haya diferencias de criterio en el informe que emitan los peritos del Santander y de la empresa.