La justicia, a través de varias sentencias, tanto en los juzgados de primera instancia como en la Audiencia Provincial, ha venido dando los últimos meses la razón a vecinos, a título individual, y a comunidades de propietarios, en su negativa a pagar la cuota que pretendía cobrar Emmasa por los contadores destinados al servicio contra posibles incendios en los edificios.

Así ha ocurrido por ejemplo con un reciente fallo, de finales del mes pasado, de la mencionada Audiencia que en su fallo desestima "el recurso de apelación formulado por la representación procesal de la entidad, Emmasa, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 1, con expresa imposición de las costas del recurso". El abogado Arístides Miguel Rodríguez Zurita había presentado la demanda en nombre de una comunidad de Santa Cruz.

Esta resolución, como otras anteriores en el mismo sentido, todavía es susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo.

Emmasa pretendía cobrar, a partir de 2011, el servicio de los contadores contra incendios a las comunidades de propietarios para aplicar una supuesta normativa vigente desde 2005 en el ordenamiento del servicio de abastecimiento y no aplicada antes. Según fuentes consultadas por El DÍA, eso suponía un incremento medio de más de 1.500 euros anuales en el presupuesto al tener que abonar 300 cada dos meses.

Los administradores de fincas entendieron que el cobro por las bocas antiincendios, que dependen del calibre del contador, era excesivo y denunciaron ante una vía judicial que empieza a darles la razón con la jurisprudencia.

"El coste es excesivo porque no se utilizan, no hay consumo y solo sería realidad si lo necesitaran los bomberos. La cuota debería ser simbólica", apuntan las fuentes.

"Batalla ganada"

Así calificó el concejal de Ciudadanos de Santa Cruz y presidente de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, Guillermo Guigou, "las sentencias en cascada sobre el asunto de los contadores contra incendios que se están produciendo desde septiembre u octubre pasados". El tema se remonta a 2011 cuando Emmasa, apunta Guigou, "intentó un cobro indebido por estos contadores. En nuestra opinión, Sacyr tenía el afán de recaudar seis millones de euros con el pasotismo de la concejalía de Servicios Públicos. Recibimos quejas tanto de vecinos como de administradores de fincas -que lo llevaron al terreno judicial- porque se pedían cantidades exorbitantes por un servicio que o no existía o no se había revisado en años". Guigou está "satisfecho. Llevamos un tiempo sin recibir reclamaciones aunque el mérito es del bufete que enfrentó los contenciosos. Batalla ganada",