Un informe de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias contradice el fallo de la sentencia de la Audiencia Provincial sobre el caso mamotreto que decía que se podía legalizar todo el edificio, "salvo la parte de servidumbre de protección".

De hecho, el consejero del área, Domingo Berriel, aseguró ayer que la legalización de una parte del mamotreto como aparcamiento sería viable, según la agencia Efe.

Berriel dijo que los usos referidos por la corporación en ese espacio (el aparcamiento y locales) son legalizables si están en zona de servidumbre de protección, a pesar de que la sentencia judicial establece justamente lo contrario.

El informe considera que, "sin perjuicio del cumplimiento de la sentencia" de la Autoridad Provincial, "los usos que plantea el Ayuntamiento de aparcamiento y locales son usos autorizables en la Servidumbre de Protección del Dominio Público marítimo-terrestre".

Esto a pesar de que el texto precisa que la sentencia de 18 de noviembre de 2014 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz "ordena la demolición de toda la edificación". Y a pesar de que reconoce que "deja abierta la posibilidad de que si se dieran en un futuro" nuevas circunstancias de la legalidad urbanística "existe la posibilidad de que se pueda proceder a la legalización de lo edificado, salvo la parte de la obra que se sitúa en servidumbre de protección". La parte del edificio inacabado que está en servidumbre de protección son alrededor de 400 metros, mientras que el resto son cerca de 4.000.

No obstante, la cuestión clave es que el deslinde del dominio público marítimo-terrestre fue anulado y que se debe tramitar uno nuevo. Sin deslinde no hay ni dominio público marítimo-terrestre ni servidumbre de protección.

Por este motivo, otra de las conclusiones establece que "sería aconsejable solicitar a la Dirección General de Costas con carácter previo [...] el deslinde probable y la ribera del mar, pues dadas las características de los terrenos existen bastantes posibilidades de que puedan no estar afectados por las servidumbres de Costas". En este caso, la legalización dependería sólo del consistorio y su PGO.

Este informe fue solicitado por la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife por la petición del PP de legalizar la parte de la obra que ocupa la zona de servidumbre de protección.

Silencio del pacto de gobierno CC-PSOE

Ni el alcalde de Santa Cruz de Tenerife (CC) quiso ayer comentar las declaraciones del primer teniente de alcalde (PSOE) sobre la imposibilidad de legalizar el mamotreto ni este último hablar sobre el informe de Política Territorial. Aunque ambos partidos se han esforzado en aparentar normalidad y subrayar la estabilidad del pacto de gobierno, la realidad es que el mamotreto los divide. De un lado, fuentes del grupo municipal justificaron ayer que Alcaldía pidiera un informe por el Partido Popular para "disipar todas las dudas técnicas posibles" sobre la posible legalización del mamotreto. En este sentido, el informe recuerda que el artículo 25 de la Ley de Costas dice: "Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona [servidumbre de protección], las obras, instalaciones y actividades que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre [...]". Así, aunque Berriel dijo a Efe que el Gobierno, en su informe, no entra "más allá" en cuanto a la legalización del edificio de aparcamientos, porque existe una sentencia judicial que ordena su demolición, lo cierto es que dedica 12 páginas a mencionar jurisprudencia y artículos de la Ley de Costas que permiten los usos de aparcamientos, locales para cafetería o restaurantes en la zonas de servidumbre de protección.