El Parlamento de Canarias no ha admitido a trámite, aún, la iniciativa legislativa para la ordenación de los barrancos de Güímar y la restauración de todo ese espacio con el fin de lograr la restauración del paisaje, su canalización y la prohibición de la extracción de áridos en ese ámbito. Esta propuesta auspiciada por el Cabildo, cuyo pleno lo aprobó por unanimidad el 25 de julio de 2014, está frenada como consecuencia de "un bloqueo de los grupos parlamentarios a la iniciativa".

Carlos Alonso, el presidente de la Corporación insular, así lo percibe encontrando como justificación que los representantes políticos en la Cámara autonómica "entienden que no está bien determinadas las indemnizaciones por lucro cesante e indemnizaciones que, como consecuencia de esta iniciativa, debe abonarse a los extractores".

El presidente del Cabildo anunció como "muy probable" que el Ayuntamiento de Güímar y el Cabildo de Tenerife "demos una respuesta política contundente contra el Parlamento" ante la actitud de la Cámara. "Salvo un caso, las concesiones están caducadas y la Fiscalía pide indemnizaciones millonarias a los empresarios por incumplir la rehabilitación de la zona", añadió Alonso, quien tiene claro que "la iniciativa se tiene que admitir a trámite y determinar, en ese trámite. Lo que no se puede es dejar sin respuesta al Cabildo y al Ayuntamiento de Güímar".

El presidente mantuvo ayer un encuentro con los medios de comunicación en la comarca, ante quienes admitió que "es verdad que el Cabildo es la administración menos conocida en el Sur". En contraposición, defendió el papel que la institución ha jugado en la comarca propiciando, sin competencias, la construcción de la autopista y el suelo para el aeropuerto Reina Sofía.

En cualquier caso, tiene rotundamente claro que el tercer carril de la TF-1 del Polígono Industrial de Granadilla a Adeje "no es prioritario", pero sí el puerto de Fonsalía (Guía de Isora). Con la aprobación de la declaración de impacto ambiental ya aprobada "de forma condicionada", la reivindicación de Carlos Alonso llega al punto de sostener que "el Cabildo tiene que solicitarle al Gobierno la concesión de ese puerto y que el desarrollo del mismo lo haga, bajo la fórmula público-privada, el propio Cabildo".

Dando por "razonable" que la construcción de Fonsalía conllevará el traslado al mismo del transporte interinsular que actualmente registra el puerto de Los Cristianos, el presidente destacó que "permitirá obtener financiación de la Red Transeuropea".

Alonso explicó que ya abordó este asunto en Bruselas, recabando esa financiación de la Red "con el Cabildo como promotor, apelando a la iniciativa privada para afrontar parte de la actividad, sobre todo la deportiva".

No faltó la evaluación del sector turístico en la comarca. El presidente de la Corporación insular incidió en que la crisis que padece Rusia afectará a ese mercado durante dos o tres años, si bien aclaró que la cifra de turistas rusos que recibe la Isla "siendo importante" supone poco más del 10% del mercado inglés. Asimismo, defendió el buen momento de este motor de la economía insular constatando que 2014 fue un año de récord en visitantes.