La primera prueba general prevista en la Lomce, dirigida a alumnos de tercero de Primaria, despierta las mismas discrepancias en el Gobierno de Canarias que otros aspectos contenidos en la polémica ley impulsada por el ministro José Ignacio Wert. El Ejecutivo regional no se plantea la "insumisión", pero sí ha anunciado que desarrollará el examen "del modo más razonable posible" y adaptado a las "singularidades" del sistema educativo isleño.
La prueba se celebrará, previsiblemente, en mayo, tendrá carácter muestral -no participará todo el alumnado de tercer curso de Primaria, como sí ocurrirá en la mayoría de las comunidades autónomas- y no tendrá efecto alguno para determinar si el estudiante promociona o repite, según el director general de Formación Profesional y Educación de Adultos de la Consejería, José Moya.
Moya, como responsable del Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa, comenzó ayer una ronda de encuentros con los equipos directivos de los centros del Archipiélago para presentar el marco general de esta evaluación y recabar datos que permitan elegir cuántos colegios y estudiantes participarán finalmente en el examen.
Si Canarias ha renunciado a que la evaluación afecte a todo el alumnado de tercero de Primaria -como también ha hecho el País Vasco- es porque entiende que el calendario de implantación confeccionado por el Ministerio de Educación es "muy poco razonable". "Los alumnos han empezado con el nuevo currículum este mismo curso -está en vigor desde septiembre- y cuando hagan el examen probablemente no lo habrán concluido", argumenta el director general, que añade que también es una novedad para la administración y el profesorado.
Aunque la Lomce establece que el resultado de la prueba puede tomarse en consideración para la repetición de curso, Moya asegura que en las Islas no será así, tanto en esta primera fase muestral, en la que la evaluación se desarrollará en forma de proyecto piloto, como cuando sean todos los estudiantes quienes se sometan a ella. Este es, junto a la posibilidad de que dé pie a clasificaciones de centros, el mayor temor que ha despertado esta iniciativa.
El examen es competencia de las diferentes administraciones educativas, pero el Ministerio, a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ha proporcionado un marco general al que las comunidades autónomas deben ajustarse.